La lectura que se debe dar al amparo ganado por Mario Marín Torres en contra del auto de formal prisión que lo tiene internado en un penal de Quintana Roo por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, no puede verse en estricto sentido como un acto de pericia del equipo de abogados del ex gobernador de Puebla. Parece inscribirse en una ofensiva del Poder Judicial y de las mafias del PRIAN en contra de la 4T, que buscan frenar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no por la vía de las urnas y los votos, sino mediante el comportamiento faccioso de los jueces.
El caso de Mario Marín Torres es muy claro: los gobiernos federales de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, así como las administraciones locales de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad le dieron plena impunidad al ex mandatario poblano, pues hicieron caso omiso al caso Cacho. Fue hasta que llegó la 4T que se reabrió el expediente del llamado “Lydiagate”, lo que permitió la detención y presentación de Marín ante un juez para responder por lo agravios que cometió en diciembre de 2005.
Parecía que el exjefe del Poder Ejecutivo poblano –cuyo periodo duró de 2005 a 2011—ya estaba hundido, hasta que el juicio de amparo que promovió contra su auto de formal prisión se le turnó a la juez de Distrito, Ana María Nava Ortega, quien es una mujer estrechamente vinculada al grupo político del ex gobernador priista Roberto Borge, quien a su vez tuvo una fuerte amistad con Mario Marín.
Aunque Roberto Borge está actualmente en la cárcel, vinculado a cuatro procesos penales por presuntos actos de corrupción, su grupo político sigue activo y tiene mucho control de una parte del Poder Judicial local y federal.
Algo parecido a lo que pasa en Puebla, donde el Poder Judicial local es dominado por 15 de 25 magistrados que son parte del núcleo duro del morenovallismo.
La juez Ana María Nava Ortega ha sido polémica por haber otorgado amparos a favor de miembros del grupo de Borge y por algunos excesos, como cuando su hijo Fernando López habría propinado una golpiza a una joven de 20 años –según narró Diario Respuesta—y ella otorgó el amparo para que pudiera salir de la cárcel.
Desde que se le turnó el caso a Ana María Nava surgió la interpretación que habría un abierto favoritismo para Mario Marín y así acabó ocurriendo.
Con ese amparo se abre la posibilidad de que el llamado “gober precioso” se le acabe otorgando la prisión domiciliaria para que enfrente desde ahí su juicio, lo que significa tener toda clase de privilegios. Ahí no tendría la comida, los horarios, la vestimenta, el hacinamiento, las reglas, las restricciones y el proceso de readaptación social que sufren los internos de cualquier prisión.
Es decir, se le mandaría a “una jaula de oro”.
Este amparo a favor de Mario Marín Torres llega en un momento preciso en que se percibe una ofensiva de las mafias que manejan al Poder Judicial de México en contra de la 4T.
Se sabe que entre ministros, magistrados, jueces y oficiales mayores hay mucho malestar por la importante cantidad de investigaciones que se han abierto por actos de enriquecimiento inexplicable de destacados funcionarios judiciales.
También que los integrantes del Poder Judicial tienen una estrecha relación con los empresarios que manejan intereses trasnacionales, mismos que han sido combatidos en la esfera de abusos y privilegios por parte del gobierno obradorista.
Por eso se ha visto que desde el Poder Judicial se ha buscado frenar la construcción del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, así como la promulgación de la reforma a la Ley de la Energía Eléctrica, que elimina un trato leonino a favor de compañías españolas, como Iberdrola.
Lo ocurrido con la legislación sobre la energía eléctrica fue burdo: al otro día de que se promulgó la norma, ya había amparos en su contra, que permiten la suspensión provisional de esa ley. Cuando generalmente la justicia en México siempre avanza a paso de tortuga.
Visto de otra manera, ahora si los ministros, magistrados y jueces están muy críticos en contra del gobierno federal, pero en la misma proporción que fueron tolerantes, omisos y hasta cómplices de los abusos del PRIAN.
