Una empresa especializada en el servicio de alimentos y operación de restaurantes obtuvo mediante una amañada adjudicación directa del ayuntamiento que preside Claudia Rivera Vivanco un contrato por 64 millones de pesos relacionado con el barrido mecánico de calles y viviendas.
Esto ocurrió a principios de 2019, cuando la presidenta municipal apenas tenía unos pocos meses al frente del Ayuntamiento de Puebla, y en violación abierta a la Ley Orgánica Municipal y a las constituciones de la República y del estado de Puebla.
Por ese motivo, el pasado 9 de marzo, Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, peculado, fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La denuncia o querella va dirigida en contra de Claudia Rivera Vivanco, integrantes del Comité Municipal de Adjudicaciones, funcionarios del Organismo Operador del Servicio de Limpia y el apoderado legal de la empresa Atelier Geometrique.
El objeto social de dicha empresa —hasta poco antes de la amañada adjudicación— era de “operación y exportación de restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, y comercialización y distribución de alimentos y bebidas en cualquier presentación”.
En noviembre de 2018, tres meses antes de interesarse en la licitación para la contratación del barrido mecánico —“de las principales calles, avenidas, juntas auxiliares, unidades habitacionales, así como lugares de interés común y turístico”—, la empresa discotequera modificó su objeto social en aras de “brindar el servicio público de limpieza” y compró la maquinaria que se necesitaba para hacer el nuevo trabajo.
Y precisamente debido a esto, no contaba en el momento de la licitación con experiencia alguna comprobable.
Y aunque el apoderado legal exhibió un contrato de prestación de servicios celebrado el 2 de junio de 2017, para entonces su objeto social seguía siendo el de operación y exportación de restaurantes, cafeterías, bares y discotecas.
En pocas palabras: no tenía absolutamente nada que hacer en la multicitada licitación, cuya convocatoria fue publicada el 8 de febrero de 2019.
A esa licitación se inscribieron cuatro empresas más, dos de éstas especializadas en el manejo de desechos no peligrosos.
Seis días después ocurrió algo extraño:
A la Junta de Aclaraciones señalada por la ley —realizada el 14 de febrero— sólo se presentaron dos empresas: la discotequera y Promotora Ambiental de La Laguna.
Seis días después —el 20 de febrero—, ya sólo acude el representante legal de la empresa experta en bares y discotecas a la “presentación de documentos y apertura de proposiciones”.
En consecuencia, las otras cuatro empresas interesadas —y desinteresadas prematuramente— fueron descalificadas.
La trama corrupta tiene su final feliz el 26 de febrero, cuando el Comité Municipal de Adjudicaciones falló en favor de Atelier Geometrique, por ser el “único oferente para la única partida”.
Es claro que de acuerdo al artículo 92, fracción I, de la Ley de Adquisiciones —estatal y municipal— la licitación tuvo que haber sido declarada desierta por el Comité, pues la empresa hoy denunciada no cumplía ni reunía los requisitos expuestos en las bases de la licitación.
Entre bombos y platillos, el 28 de febrero se celebró el contrato de prestación de servicios entre Javier Pérez Gordillo —apoderado legal de la empresa beneficiada— y Salvador Martínez Rosales —coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia.
El monto asignado ascendió a 64 millones 976 mil 999 pesos.
El contrato sigue vigente.
Faltaba más.
Inició el 1 de marzo de 2019 y concluirá el 14 de octubre de 2021, fecha en la que termina la administración de Claudia Rivera Vivanco.
Además de que la empresa ganadora no cumplía con el objeto por el cual fue contratado, tampoco contaba con experiencia alguna comprobable y no se realizó un análisis para determinar su capacidad financiera.
Es de esperarse que la Fiscalía haga investigaciones sobre los siguientes puntos ligados a los denunciados:
Declaraciones fiscales, bienes inmuebles inscritos y cuentas bancarias a sus nombres.
Los denunciados, además de la presidenta municipal, son Said Paleta, Armando Morales, Elisa Cervantes, Enrique Gómez Haro, Patricia Montaño, Mónica Campos, Sandra Cruz, Gerardo Escobar, Lino Meza, Salvador Martínez, Fernando Varela, María del Rocío Ledo, Raúl Chavarría y Luis Alvarado.
Unos mataron a la vaca.
Otros nada más le agarraron la pata.
Los delitos son clarísimos, y redondos como un día de verano.
¿Qué argumentará la presidenta municipal?
¿Que ésta es una nota falsa, producto de una guerra sucia en su contra?
Cuando inició su administración venía, por lo que se ve, preparada para causarle daño al erario en beneficio de unos cuantos.
¿Nadie le dijo que la empresa no cumplía con los requisitos de ley?
¿Nadie la alertó sobre las mentiras montadas en mentiras?
¿Nadie le susurró que se había violado el proceso de adjudicación?
Ufff.
Todo lo que hay que ver con quien sueña con la reelección en el Palacio Municipal de Puebla.
Que Mario Marín la redima.
