La Comisión Nacional de Elecciones de Morena se autoaprobó la ampliación del plazo para publicar la lista de sus candidatos a diputados federales, de mayoría relativa y plurinominales, para el próximo 22 de marzo. La imposición ha caído muy mal a la mayoría de los aspirantes, pues las campañas comienzan formalmente el 4 de abril y, en caso de no ser beneficiados con las “simuladas encuestas”, prácticamente quedarán sin tiempo para llevar a tribunales sus posibles inconformidades.
Es, claramente, un “madruguete” el que pretende dar ese órgano que integran Mario Delgado, también presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); Carlos Alberto Evangelista Aniceto, quien ha sido acusado de “vender” las candidaturas en Puebla, y otros tres más.
Entre ellos, la senadora Citlalli Hernández Mora, secretaria General del CEN.
La nueva fecha deja apenas dos semanas a los aspirantes para presentar sus inconformidades.
Ya sea ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), que preside la poblana Eloísa Vivanco Esquide, en donde prácticamente todas las impugnaciones son desechadas.
Sin importar su gravedad.
Sin importar sus méritos.
(Ahí está el caso de Félix Salgado Macedonio).
Tampoco deja tiempo, este cambio, para que los inconformes llevar sus casos a las autoridades electorales: al Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según sea el caso.
No es el primer cambio de fechas que realiza la tan cuestionada Comisión Nacional de Elecciones.
Es el cuarto, de fechas y/o condiciones.
El prime plazo fue el 31 de enero, pero con toda intención de no cumplirlo.
El más reciente era al 15 de marzo.
Pero mataron una semana más a las posibles inconformidades, moviendo la fecha ahora al 22 de marzo.
Este enésimo remiendo a su convocatoria inicial, hace suponer que, al filo de la normatividad y los tiempos que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), esa comisión se ha estado confeccionando un traje a la medida de sus deseos.
Repele y anula la posibilidad de que los aspirantes tengan audiencias y desahogos de sus impugnaciones, con suficiente tiempo.
En tanto, los problemas que se avizoran son enormes.
En Puebla, por ejemplo, por toda la entidad varios aspirantes a las 15 candidaturas de mayoría relativa han estado realizando encuestas con empresas privadas, algunas de prestigio y otras francamente patito, para tener sustento de que son “los mejores perfiles”.
Lo han hecho todos los que han tenido posibilidades de pagar un servicio así, que no es nada barato, ya que va de los 50 a los 100 mil pesos, dependiendo el muestreo y la casa encuestadora.
Lo apretado de los plazos que quedan por delante también tienen -nos dicen varios aspirantes– otros velados objetivos.
Cerrar las puertas de Morena, con tres candados y remachadas, a una posible desbandada de aspirantes inconformes que, al no conseguir la postulación, con mucha seguridad alcanzarían nominaciones en otros institutos.
Sobre todo, aquellos afines al lopezobradorismo y de nueva creación, como Redes Sociales Progresistas (RSP) y Pacto Social de Integración (PSI).
Incluso, en el Movimiento Ciudadano (MC) de Dante Delgado Rannauro.
A la luz de estos argumentos…
Efectivamente, huele, camina y se ve como un albazo partidista.
