La repentina muerte por Covid–19 del togado Enrique Flores Ramos –acontecida el pasado 1 de febrero– ha desatado una rebelión del bloque morenovallista de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que es mayoría, para evitar que sea nombrado el primer integrante del pleno del Poder Judicial que esté identificado con la 4T y que tenga el sello del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
No es un asunto menor, pues Rafael Moreno Valle Rosas pasó a la historia como el gobernador que más cambios provocó al pleno del TSJ, pues durante su gestión y del mandatario José Antonio Gali Fayad, quien era parte del llamado maximato morenovallista, se cambiaron a 16 de los 25 magistrados del Poder Judicial.
Lo grave de esos cambios es que casi la mayoría de esos magistrados llegaron al cargo sin experiencia y carrera judicial, lo que ha sido un factor de deterioro de la justicia en Puebla y una situación benéfica para el crimen organizado.
Ahora esos magistrados, algunos con carpetas de investigación como Jorge Benito Cruz Bermúdez que enfrenta nueve demandas por actos de corrupción, no quieren perder privilegios y por eso intentan evitar que el Congreso abra un proceso para encontrar al sustituto de Enrique Flores Ramos y en su defecto, sea el pleno del TSJ el que designe al togado faltante.
Último reducto morenovallista
Penosamente el TSJ se ha convertido en el último reducto del morenovallismo, algo preocupante pues el Poder Judicial fue un factor decisivo para que en la gestión de Moreno Valle se tuviera la lista más alta de presos políticos desde la época oprobiosa de Maximino Ávila Camacho, un personaje que gobernó Puebla con cuchillo y horca.
Esos 16 magistrados ahora están actuando con perversidad para frenar cualquier intento de romper con esa hegemonía.
El pasado 1 de febrero, de manera inesperada, murió Enrique Flores Ramos, quien era uno de los magistrados más experimentados. Ese episodio ha inquietado a la mayoría de los miembros de la cúpula del TSJ por la posibilidad de que empiece a generarse un contrapeso al interior del Tribunal Superior de Justicia.
La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que, ante la ausencia absoluta de un magistrado, solamente durante un mes podrá ser sustituido por el secretario de Estudio y Cuenta de la sala que quede sin titular. Luego de ello, el Congreso del estado deberá abrir un proceso de selección de un nuevo togado, que se elegirá a partir de una terna que presente el gobernador en turno.
Resulta que este lunes se cumple un mes del fallecimiento de Enrique Flores Ramos y se sabe, que por lo menos hasta finales de la semana pasada, había la negativa del pleno del TSJ de solicitar al Congreso la apertura del mecanismo de elección del nuevo magistrado.
Ese atraso es una estrategia para que se venza el plazo y entonces, si el Congreso no elige al nuevo magistrado, esa facultad recaiga en el pleno del TSJ.
Y entonces, los morenovallistas elijan a un personaje que sea afín a ellos y ocupe la vacante.
No quieren que el nuevo magistrado sea alguien surgido de la 4T y que tenga el sello, la confianza, la cercanía, la afinidad, con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que ha sido implacable con la abundante corrupción del llamado periodo morenogalista.
Los magistrados que arribaron al TSJ de la mano de Moreno Valle son los siguientes:
Roberto Flores Toledano, que llegó de la Ciudad de México y era famoso por su frivolidad sobre los problemas del TSJ cuando fue presidente del mismo; Alberto Miranda Guerra, que antes de ser parte del pleno era juez cuarto de lo penal; Israel Mancilla Amaro; Marcela Martínez Morales, quien antes de ser integrante del Poder Judicial de Puebla era la secretario del gobernador de Tlaxcala; Amador Coutiño Chavarría, nieto de un exgobernador de Chiapas y Daniel Marcos Gavaldón, cuyo principal mérito era su cercanía con Martha Erika Alonso, quien fue esposa de Moreno Valle y gobernadora por 10 días.
Otros más fueron: José Octavio Pérez Nava, quien era agregado en la embajada de México en Estados Unidos; María Belinda Aguilar Díaz; José Bernardo Mendiolea Vega, que era abogado general de Bancomer; Roberto Grajales Espina, panista yunquista que antes de ser magistrado era delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal; José Albino Soriano Hernández, fue el juez que le quitó al empresario Ricardo Henaine –odiado por el morenovallismo– el predio de Valle Fantástico y por esa razón, lo premiaron haciéndolo magistrado; José Montiel Rodríguez, fue secretario de Servicios Legales en el gobierno de Moreno Valle; y Ángela Camacho Machorro, quien fue juez primero de lo civil.
Con José Antonio Gali Fayad se nombraron a los siguientes magistrados: Héctor Sánchez Sánchez, actual presidente del TSJ y ex síndico del ayuntamiento de Puebla; Ignacio Gavaldón Zenteno, es esposo de Areli Sánchez Negrete, quien fuera secretaria de Salud en la gestión galista; y Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien era el todólogo de Moreno Valle, pues fue subsecretario de Educación, encargado de despacho de la SEP y la Secretaría de Gobernación, director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, diputado local y presidente estatal del PRD.
La anterior lista exhibe que la mayoría no contaban con carrera judicial y no tenían porque ser magistrados del TSJ.
