Con la negativa –que ayer se dictó– de una suspensión definitiva a un amparo que solicitó Gustavo Guzmán Fernández, quien fue encargado de despacho del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) en el año 2018, a este personaje en cualquier momento ya se le puede dictar una orden de aprehensión y ser detenido. Lo más relevante, es que con ello también se empieza a cerrar el cerco jurídico en contra del magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien enfrenta nueve demandas por cometer presuntos delitos por el orden de 500 millones de pesos provenientes del Capcee.
Cruz Bermúdez fue director del Capcee de enero de 2016 –último año de la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas– a enero de 2018, fecha en que asumió la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática. En su lugar quedó como encargado de despacho Gustavo Guzmán Fernández, quien ya era funcionario del organismo y dio continuidad a todos los proyectos que emprendió el anterior titular del mismo.
Ambos, en enero de este año, fueron denunciados por la Secretaría de Infraestructura del gobierno del estado por anomalías por unos 300 millones de pesos.
Un mes antes, la Auditoría Superior del Estado presentó ante la Fiscalía General del Estado 9 demandas contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia y connotado morenovallista por presuntamente haber realizado operaciones simuladas por unos 500 millones de pesos a través del uso de facturas falsas.
Todas estas querellas se han desprendido de una investigación global que apunta, que entre los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, se habría utilizado el Capcee para cometer desfalcos por unos mil 600 millones de pesos a través de 28 factureras, que eran las empresas utilizadas por el morenovallismo para simular operaciones y obtener fondos públicos de manera ilícita.
Sin contar que en los registros de dicho organismo aparecieron reportadas obras en 163 escuelas y resulta que no hubo tales intervenciones. No si quiera se puso un clavo por parte del gobierno del estado.
Gustavo Guzmán es señalado de haber sido el responsable de cuidar que todos los proyectos del Capcee solamente quedaran en manos de un reducido grupo de contratistas, que eran acordes a los intereses económicos de Cruz Bermúdez y en general del morenovallismo.
Guzmán Fernández para evitar el proceso legal que se le inició el mes pasado, solicitó un amparo bajo el expediente 90/2021 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, que ayer en la audiencia incidental le negó la suspensión definitiva contra la posibilidad de ser privado de la libertad y/o detenido por la Fiscalía General del Estado.
Al no tener ese recurso legal, prácticamente se abre la posibilidad de que en cualquier momento se libre una orden de aprehensión en su contra y pueda ser detenido.
En término reales Gustavo Guzmán es un personaje menor, pues quien es el actor principal de los abusos cometidos en el Capcee es Jorge Benito Cruz Bermúdez.
El que haya perdido Guzmán Fernández la solicitud de protección federal es una puerta para que el magistrado Cruz Bermúdez esté cada vez más cerca de pisar una cárcel.