Pese a su elevada pensión, el exmagistrado López Rubí litiga y presiona a jueces

Cuitlatlán

Por Fermín Alejandro García

De los 10 exmagistrados que hay en Puebla, el que deja mucho que hablar es Álvaro David López Rubí, no solamente porque dicen que aunque ya está inactivo sigue litigando, sino también porque estaría utilizando el tráfico de influencias para presionar a los jueces que les toca resolver sus casos, para que estos emitan fallos a su favor.

Cuando Melquiades Morales Flores era gobernador de Puebla emitió un decreto que fijó un nuevo monto de pensión para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que dejaran el servicio activo, de tal manera que ahora los ex togados están cobrando un retiro que va de los 52 mil pesos y hasta los 127 mil pesos mensuales.

Si se toma en cuenta que hay 10 magistrados retirados y bajo esos montos de pensión, nos da por resultado que el Poder Judicial de Puebla se gasta anualmente alrededor de 32 millones de pesos en esos “jubilados de oro”.

En el caso de Álvaro David López Rubí, que en su momento se le consideró uno de los hombres de más poder dentro del TSJ y que se pensionó a mediados de 2012, se calcula que su ingreso mensual es del orden de los 90 mil pesos.

Una pensión que nada tiene que ver con lo que ganan los miles de trabajadores en retiro del IMSS, que perciben entre mil 800 y 3 mil 500 pesos al mes.

Por eso llama la atención que teniendo ese ingreso tan privilegiado, se dice que el exmagistrado seguiría litigando asuntos mercantiles y civiles, así como juicios de su entorno familiar.

El cuestionamiento no se reduce al tema de que siga activo, sino que se cuenta en los corrillos del TSJ que el ex togado utilizaría sus relaciones e influencias para presionar a los jueces que les corresponde atender sus casos.

La mejor manera de intimidar a un juez, cuando la presión viene desde adentro del propio Poder Judicial, es amenazarlo con cambiarlo a un juzgado alejado de la capital.

Quienes cuentan la versión de que el exmagistrado López Rubí estaría utilizando ese sistema de presión, narran el siguiente caso:

Corre una versión de que Gabriel Durán Gaspar, jueza primero de lo civil en el distrito judicial de Cholula, en los últimos días habría recibido algunas amenazas de que la podrían mandar a una jurisdicción del norte o del sur del estado si no emite un fallo favorable en un asunto de nulidad de una escritura.

Y resulta, que en ese juzgado se dice que el abogado Álvaro David López Rubí lleva el caso radicado en el expediente 1125/2011 de nulidad de una escritura a favor de un hijo del exmagistrado Miguel Ángel Martínez Razo.

Por lo que algunos conocedores del caso estiman que tal vez esas amenazas contra la juez de Cholula pudieran provenir de ese asunto en cuestión.

Se dice entre algunas fuentes del TSJ, que la influencia que tiene el exmagistrado López Rubí se debe a que echaría mano de las relaciones que tiene con tres personajes públicos:

Uno de ellos es Alberto Miranda Guerra, presidente de la Segunda Sala Penal del TSJ y quien ha estado en constante pugna con el actual presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez.

Al parecer, Alberto Miranda es sobrino político del exmagistrado López Rubí.

Otra relación es con Ernesto Guerrero Olivares, exdiputado local y operador del PVEM, un partido que actualmente tiene una alianza de facto con Morena. De la misma manera que durante décadas actuó como rémora del PRI.

Y la tercera influencia que tendría López Rubí es la de su compadre Enrique Flores Ramos, quien es magistrado del TSJ y es uno de los consentidos de Morena.

Sería muy grave que fuera cierto lo narrado anteriormente.

Tal situación demanda una pronta investigación e intervención del presidente del TSJ, Héctor Sánchez, ya sea para frenar una probable maledicencia contra el exmagistrado López Rubí.

O si resulta ser cierto ese tráfico de influencia, es deber del presidente del Poder Judicial defender a sus jueces y buscar que sus fallos no sean influidos por amenazas o presiones.