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Estudiantes cumplieron con su causa
En Punto
Los jóvenes estudiantes cumplieron con su causa, y cumplieron bien.
Más de 100 mil universitarios de unas 80 instituciones educativas del estado tomaron las calles del centro histórico de Puebla para darle forma, fuerza y pasión a la megamarcha contra la inseguridad, que surgió en el horizonte una semana atrás, cuando en la totalidad de la comunidad poblana cobró conciencia el significado del cuádruple homicidio perpetrado la noche del domingo 23 de febrero en Santa Ana Xalmimilulco, junta auxiliar de Huejotzingo.
La desgracia derivada de la violencia y la impunidad, que cobró la vida de Ximena, Antonio, Francisco y Josué Emanuel, los primeros dos, estudiantes de intercambio, originarios de Colombia, que hacían su estadía en México a través de la UPAEP; el tercero, nacido en Veracruz, que cursaba sus estudios de Medicina en la BUAP, y el cuarto, un conductor de Uber que dejó una viuda y un hijo de ocho años sin padre, generó una movimiento que encontró su punto más importante este jueves 5 de marzo, cuando Puebla se convirtió en escenario de una protesta estudiantil sin precedentes.
Los organizadores aseguran que fueron 150 mil los participantes en la protesta.
Otras fuentes, las más conservadores, que un poco más de 100 mil.
En cualquiera de los dos casos el reclamo queda para la historia.
Ni en los momentos de mayor efervescencia universitaria, allá en la década de los 70 del siglo pasado, la BUAP logró juntar a tantos manifestantes.
Lo de este jueves no se había visto, en parte, o en mucha parte, gracias a la suma de otras decenas de instituciones donde coexisten jóvenes universitarios que también son víctima de la violencia y la inseguridad.
Ese es el gran valor de la marcha del 5M de 2020, la pluralidad de integrantes de una vasta comunidad universitaria que decidió salir a las calles para levantar la voz y exigir un alto al crimen, de todo tipo.
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Una prueba que también pasaron los rectores.
Los responsables de las principales universidades del estado marcharon junto a sus estudiantes y luego, al llegar a Casa Aguayo, donde se reunirían con el gobernador Luis Miguel Barbosa, los dejaron ingresar en absoluta libertad, con la premisa de que el movimiento es de los estudiantes, no de sus directivos.
En el caso de la BUAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz marchó junto al padre de Francisco Javier Tirado, el alumno de Medicina que fue víctima de la agresión al término del carnaval.
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En el contexto de los hechos de Huejotzingo ocurrió un episodio gubernamental que no debe pasarse por alto.
Una semana después de los cuatro asesinatos, el gobernador Barbosa decidió relevar a su secretario de Seguridad Pública, que para entonces era Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, por Raciel López Salazar, quien ocupa esa función desde el primer día del mes en curso.
Pese a que desde diciembre del año pasado corría el trascendido de que Amézaga Ramírez preparaba su renuncia por encontrarse inconforme con algunas de las condiciones laborales que tenía en la dependencia, Barbosa expuso otros motivos.
El mandatario estatal declaró que el cambio de servidor público se debía, precisamente, al crimen que terminó con la vida de los tres estudiantes de Medicina y el conductor del taxi ejecutivo.
Habrá que creerle.
Si lo usó como argumento debe ser así.
Y eso, justo, es lo que obliga a plantearse una reflexión.
¿Cómo fue que el gobernador no indagó bien en las capacidades de Amézaga antes de elegirlo para tan importante posición?
La pregunta refleja una preocupación de los ciudadanos de Puebla ante la conformación del gabinete barbosista, que lleva seis bajas en siete meses.
Si Amézaga no era el indicado, ¿ocurrirá lo mismo en el resto de las dependencias, con otros funcionarios?
Vaya dilema.
