Inconformidad contra nombramiento de Fiscal podría ser similar al caso López Brun

Cuitlatlán

Por Fermín Alejandro García

La forma burda en que el Congreso local descalificó, de última hora, a Guadalupe González Vargas para que pudiera ser fiscal general del estado es una clara violación a sus garantías individuales. Si el agraviado decide judicializar el proceder de los diputados, podría lograr un litigio similar al que ya se vivió en el Poder Legislativo de Puebla, entre los años 2006 y 2008, en el cual intervino a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estuvo a punto de provocar la destitución de los representantes populares que en ese entonces impidieron la ratificación de Germán López Brun como magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Puebla.

La forma en que ayer el Congreso designó a Gilberto Higuera Bernal como fiscal general del estado para los próximos 7 años, por enésima vez, demostró que la mayoría legislativa –en manos de Morena, el PT y el Partido Encuentro Social– carecen de oficio político para evitar controversias en la forma de actuar del Legislativo.

Simplemente se pone en evidencia que Gabriel Biestro Medinilla, como cabeza del Congreso y de Morena, carece del más mínimo sentido común para evitar severos yerros en la manera en que se resuelven los asuntos más delicados.

Resulta un dislate que habiendo 16 aspirantes que se anotaron para fiscal, se haya realizado una primera depuración para reducir a 13 los miembros de esa lista y finalmente se acotara a 3 finalistas, y fue hasta entonces, cuando ya se iba a votar en el pleno, que se descalificó a Guadalupe González Vargas, uno de los integrantes de la terna, bajo el argumento de que carece de una acreditación del Sistema de Seguridad Nacional, el cual era un requisito que no estaba en la convocatoria.

Si no se quería dejar pasar a González Vargas, simplemente no lo hubieran incluido en la terna, sin dar mayores argumentos. Sin embargo, en la manera en que lo descalificaron en la sesión en que se votó el nombramiento del fiscal, permite que el agraviado solicite un amparo y exija anular todo el proceso de designación de titular de la Fiscalía General del Estado. Es un asunto donde puede ganarle con la mano en la cintura al Poder Legislativo.

El sencillo hecho de haber permitido que el nombre de Guadalupe González Vargas quedara en la terna final, desde el punto de vista legal, significaba que el Congreso avalaba que cumplía con todos los requisitos para ser electo fiscal. Por tanto, es improcedente que al cuarto para las 12 le digan que eso no era así.

Para conocer el alcance que podría haber con un litigio contra la designación del fiscal, hay que revisar con lo ocurrido con el caso López Brun, acontecido durante el primer trienio del sexenio de Mario Marín Torres, cuando fue gobernador de Puebla entre los años 2006 y 2011.

Germán López Brun era magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Puebla (TEEP) y decidió buscar su ratificación para un segundo periodo, durante el año 2006, es decir al arranque de sexenio marinista.

El abogado luego de anotarse en el proceso, su nombre pasó un filtro del Congreso en el cual se estableció que reunía los requisitos para ser “ratificado”. Posteriormente, cuando los diputados votaron al nombramiento de un nuevo magistrado del TEEP no argumentaron porque si López Brun había sido calificado como viable, ahora lo descalificaban.

Guardando las proporciones, es lo mismo que se hizo con Guadalupe González, pues haberlo incluido en la terna final era establecer desde del punto legal que era viable para ser fiscal y no se puede, de última hora, decir que no tenía esa condición.

En 2006, Germán López Brun inició un juicio de amparo, que en un principio recibió las burlas de los entonces diputados del PRI que calificaban el litigio como algo intrascendente.

El primer susto para los entonces legisladores ocurrió cuando, a principios de 2007, López Brun ganó un amparo. No obstante, el propio agraviado no estuvo de acuerdo con el alcance de la sentencia y entonces pidió la revisión del fallo en un tribunal colegiado.

Los magistrados del tribunal colegiado, por la trascendencia del caso, lo turnaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se aceptó la demanda.

Fue entonces cuando se supo que el fallo de la SCJN se encaminaba a amparar a López Brun y pedir la destitución de los diputados que habían violado sus garantías.

Eso hizo pasar tragos amargos a los diputados del PRI y al gobernador Mario Marín Torres, que ya enfrentaba una investigación de la SCJN por el Lydiagate.

Al final en la SCJN no avanzó por el tema, no porque fuera irrelevante, sino por el factor llamado: Miguel Quirós Pérez, un poblano que tenía un alto cargo en el Consejo de la Judicatura Federal, desde donde había ayudado a Margarita Luna Ramos a convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y resulta que a quien le tocó resolver el caso de López Brun fue a Margarita Luna.

Entonces Miguel Quirós fungió como intermediario de Mario Marín para que en la SCJN no se dejar crecer el caso López Brun.