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Impunidad en Lydiagate
Con la detención de Juan Sánchez Moreno, uno de los cuatro involucrados en una orden de aprehensión que otorgó una magistrada de Quintana Roo por el llamado Lydiagate.
Editorial
Por: La Redacción
Con la detención de Juan Sánchez Moreno, uno de los cuatro involucrados en una orden de aprehensión que otorgó una magistrada de Quintana Roo por el llamado Lydiagate, parecería que luego de 13 años de espera por fin se estaría en proceso de que se haga justicia contra el indebido encarcelamiento y tortura que sufrió la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Sin embargo, es necesario advertir que todavía es prematuro pensar que por fin prevalecerá el estado de derecho en este espinoso asunto.
El poder político y económico en México siguen siendo factores que entorpecen el funcionamiento del aparato de justicia, sobre todo cuando se tocan intereses delicados como es la red empresarial que se beneficia por ciertos ilícitos, como son la pornografía infantil y la trata de personas.
No se debe olvidar que el caso Cacho Ribeiro surgió por el intento de desarticular los procesos legales que había contra el pederasta de origen libanes Jean Succar Kuri, quien finalmente fue sentenciado a 115 años de cárcel como consecuencia de una presión mediática nacional e internacional, y no tanto por la eficiencia del Poder Judicial.
Los intentos de procesar al ex gobernador Mario Marín Torres se han topado por la protección que los implicados del Lydiagate recibieron, principalmente, de los gobiernos de los presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y en menor medida del priista Enrique Peña Nieto. Por lo que está latente el riesgo de que éstos mismos actores sean quienes vuelvan a frenar la acción de la justicia.
