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Presidente del TSJ desata hostigamiento laboral contra diputada suplente de Morena
Cuitlatlán
Por: Fermín García
Parece que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, ha buscado ponerse a tono del odio morenovallista hacia Morena, pues una vez que pasó la elección del 1 de julio y esa fuerza política puso contra las cuerdas –mediante un litigio electoral– el supuesto triunfo de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, hacía el interior del Poder Judicial de Puebla se desató una campaña de hostigamiento laboral contra Carolina Gaspar Ramírez, quien ha laborado más de 10 años en el TSJ y es actualmente diputada federal suplente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Carolina Gaspar ingresó a la Secretaría Adjunta del TSJ cuando el presidente del mismo era Guillermo Pacheco Pulido. En la última década, esta mujer desempeñó labores del área de prensa, entre los que destacaba fungir como editora de la revista El Observador Judicial, una publicación dependiente de ese poder público.
Gaspar Ramírez se desempeñó –a lo largo de la última década– en su trabajo sin ningún contratiempo. Ella pidió licencia temporal para poder fungir como candidata a diputada federal suplente por el distrito 14, con cabecera en Acatlán de Osorio, en donde ganó la elección junto con la aspirante propietaria, Nelly Maceda Carrera.
Sin embargo, a dos días de regresar de la licencia que gozaba, se encontró con el oficio DRH/541/2018, firmado por Juan Carlos Sandoval Ruiz, el director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en el cual le comunica lo siguiente:
“…me permito comunicarle que por instrucciones superiores y por ser necesario para la mejor administración de justicia, a partir del 1 de octubre de 2018, surte efectos su reincorporación y se le adscribe al Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Centro Poniente Sede San Andrés Cholula, en las funciones de Encargada de Actas” (sic).
Sobre esa orden laboral, es necesario hacer los siguientes apuntes:
Primero: el puesto de encargado de actas es para alguien con especialidad jurídica, ya que es quien se encarga de hacer una síntesis de la actuaciones que ocurren en un juzgado y para ello, se necesita dominio de la terminología del orden judicial.
Por tanto es improcedente mandar a esa responsabilidad a Carolina Gaspar, quien es maestra en Ciencias de la Comunicación y su desempeño laboral ha sido el manejo del área de prensa del TSJ.
Segundo: todo apunta que se trata de una estrategia para que la ahora diputada federal suplente de Morena, al ocupar ese cargo, cometa una serie de yerros que justifiquen su remoción del TSJ, bajo el argumento de que actuó con negligencia.
Tercero: el hecho de que el cambio de adscripción laboral se da luego de los comicios del 1 de julio, en los que Morena ganó la elección del distrito de Acatlán y exactamente cuando Carolina Gaspar regresa de su licencia laboral, lleva a la conclusión de que se trata de un abierto acto de represión política–electoral tolerada –o tal vez ordenada– por Héctor Sánchez, el presidente del TSJ.
Cuarto: si no hay una motivación políticoelectoral para mandar a Carolina Gaspar a laborar a un juzgado de oralidad, entonces este movimiento exhibe el deterioro en que se encuentra el TSJ de Puebla –que pasa por su peor crisis de honorabilidad y profesionalismo–, ya que se manda a un cargo que requiere de especialidad jurídica a alguien que no es profesional del Derecho.
Aunque esto último ya a nadie debe sorprender, luego de que se designó como magistrado del Tribunal Superior de Justicia a Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien no tiene carrera en el ámbito judicial y él mismo ha reconocido que es un neófito en la materia.
