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Pasados los fenómenos naturales, regresa la grilla
A Puerta Cerrada
Por Jorge Rodríguez
A propósito del futuro político del presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, debe usted saber que un influyente sector de su grupo de colaboradores no baja la guardia e insiste en ponerlo como eventual precandidato del PAN… ¡a la presidencia municipal de Puebla!
Con todo y las aparentes restricciones constitucionales que tiene en su contra, ese sector que trabaja para las aspiraciones personales del edil asegura que puede llevarlo de nueva cuenta a la alcaldía de la capital, a partir de las elecciones locales de 2018, esta vez como presidente municipal electo, no sustituto.
Los asesores del alcalde saben que la apuesta desembocaría en un conflicto jurídico que terminaría en tribunales federales, pero, dada la supuesta certeza de sus apreciaciones legales, dicen estar dispuestos a correr el riesgo.
En ese escenario, el de aquellos que ven a Banck manteniéndose en la oficina de mayor rango del palacio municipal, el ex gobernador Rafael Moreno Valle no sería candidato presidencial y su esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo, sí sería la abanderada del blanquiazul al gobierno del estado.
No pregunte dónde ponen a Jorge Aguilar Chedraui, Mario Riestra Piña y David Villanueva Lomelí, los otros tres aspirantes del morenogalismo.
Seguro que a los primeros dos dentro del Poder Legislativo local y federal y al tercero en el mismo sitio donde se encuentra ahora, la Auditoría Superior del Estado.
Habría que ver qué opinan ellos.
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La especie que en principio parecía una broma o un burdo intento de engaño con fines políticos por parte del personaje aludido resultó ser cierta: Juan Carlos Lastiri Quirós recibió una encomienda especialísima del presidente Enrique Peña Nieto, hacerse cargo, en nombre del gobierno de la república, de la reconstrucción.
El asunto puede ser más relevante de lo que se cree.
No debe ser contemplado como una mera casualidad que el aspirante a gobernador del PRI obtenga el visto bueno del Presidente, el jefe de su partido, para recorrer la mitad del estado, con millones de recursos públicos en especie que entregará a las miles de familias damnificadas por el terremoto, justo en los meses previos a la definición del abanderado tricolor.
Parece que la nomenclatura priista quiere a Lastiri como candidato a Casa Puebla, sin importar que su proyecto solo entusiasme a las redes de personas que reciben beneficios directos de él o de la Sedatu, dependencia del gobierno federal para la que trabaja.
El sismo y sus consecuencias obligaron a la clase política a hacer una pausa en el proceso preelectoral que andaba muy acelerado antes del 19 de septiembre.
Morena y el PAN no mostraron variaciones en este periodo.
Ahí, Enrique Cárdenas Sánchez y Martha Érika Alonso –que reapareció el lunes en una gira por Tehuacán—siguen vigentes.
Donde pudo haber un ajuste fue en el PRI, debido a esa encomienda presidencial que recayó en Lastiri, el aspirante a gobernador de la menor intención de voto entre los tiradores tricolores.
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Aurelio Nuño Mayer hizo un reconocimiento al gobernador José Antonio Gali Fayad.
Frente a un reducido grupo de personas, que los acompañaron durante la visita que el titular de la SEP federal hizo ayer al estado, Nuño felicitó al mandatario poblano por la reacción de su gobierno frente a la tragedia causada por el terremoto del 19 de septiembre.
Ante la escucha atenta de sus interlocutores, entre ellos Gali, el secretario de Educación contrastó la mala respuesta de los gobiernos de Oaxaca y Morelos frente a los sismos y dijo que, a diferencia de esas administraciones, que no habían querido usar ni un peso de los recursos propios para atender las necesidades de la gente, la de Puebla había actuado con prontitud y eficiencia y acortado con ello el tiempo de espera de los damnificados.
También ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció al gobierno de Puebla por cumplir al 100 por ciento con los criterios de evaluación del Índice de Información Presupuestal 2017.
Este índice mide la calidad de la información presupuestal de los estados, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, fomenta buenas prácticas contables y previene la opacidad en el manejo del dinero público.
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