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Juez de Tepeaca permite que 239 familias vayan a ser despojadas de sus casas
Cuitlatlán
Fermín Alejandro García
Una muestra clara del deterioro de la impartición de justicia en Puebla es lo que pasa en el Juzgado Civil de Tepeaca, donde 239 propietarios de viviendas están a punto de perder sus casas, adquiridas legalmente con créditos del Infonavit y Fovissste, luego de que se presentó un falso propietario que con documentos ilegibles está reclamando la posesión de los predios. Lo grave del caso es la parcialidad con que actúa el juez Amadeo Fuentes Añorve, quien lleva el litigio y se niega a recibir las pruebas aportadas por los agraviados.
Los afectados por el intento de despojo solicitaron que se llamara a las hipotecarias que les prestaron el dinero para comprar las casas, partiendo de que dichas entidades financieras primero investigan la legalidad de las operaciones antes de conceder los créditos, pero de forma irregular el juez Amadeo Fuentes se ha negado a esa acción.
Aunque en realidad no ha sido el juez el que ha negado esa posibilidad, sino que el rechazo a esas pruebas ha provenido de Roberto Carlos Díaz Amaro, quien es el secretario del Juzgado Civil de Tepeaca, pero de quien se sabe que ejerce un poder peculiar, pues es quien manda sobre Amadeo Fuentes Añorve, el titular de esa instancia del Poder Judicial.
El caso está tan lleno de incongruencias que alguien sin formación como un abogado sabría que no procedía el juicio, no solo porque son ilegibles los documentos con que un hombre llamado Armando Miguel Bravo Montiel reclama la propiedad de los predios, sino por otras mentiras abrumadoras, como es el hecho de que esta persona primero fue demandado –por intento de despojo– por los propietarios de las casas, en el año 2014, y la constructora de los inmuebles hizo lo mismo en el año 2015, y al final es a él a quien le han hecho caso en el juzgado, pese a que interpuso su recurso legal hace siete meses.
Armando Miguel Bravo Montiel se presentó en 2014 a reclamar la propiedad de los predios en que se asientan las 239 casas en cuestión, y pese a ello en el juicio argumentó que vivió 20 años en Europa y que hasta el año 2017, a su supuesto regreso del viejo continente, se dio cuenta de que le habían invadido sus terrenos. Ese es un detalle fundamental que no fue estimado por el juez, ya que se trata de una falsedad de declaración.
Historia del despojo
De acuerdo con información que proporcionó a este columnista Areli Cruz Peralta, la presidente de la mesa directiva de la Sociedad de Colonos Balmaseda de Puebla, la historia del intento de despojo es la siguiente:
En el año 2010 un grupo de 239 personas ejerciendo sus créditos de Infonavit y Fovissste compraron casas de interés social en el Conjunto Balmaseda, ubicado en el kilómetro 35 más 900 de la carretera federal Amozoc–Oriental, en Nopalucan de la Granja.
Antes de comprar, los interesados, junto con las empresas que concedieron los créditos hipotecarios, constataron que la compañía Aisa Constructora de Puebla hubiera cumplido con los permisos y reglamentos para levantar las casas del conjunto Balmaseda.
Todo marchaba bien hasta que, en el año 2014, se presentó por primera vez Armando Miguel Bravo Montiel, quien exhibiendo documentos falsos, toda vez que no son legibles, reclamó ser el propietario de los predios en que se construyeron las casas.
La reacción de los colonos fue demandar a Armando Miguel Bravo Montiel en la averiguación previa 2118/2014/Tepeaca, por el presunto delito de intento de despojo y uso de documentos falsos.
Un año más tarde, la empresa Aisa Constructora de Puebla inicio un juicio posesorio contra el reclamo de Armando Miguel Bravo, bajo el expediente 1169/2015/TEPEACA.
Lo relevante de esta segunda demanda es que el hombre que reclama los terrenos compareció en el año 2016 ante la autoridad judicial para responder a esas querellas.
¿Por qué es muy relevante esa comparecencia? Porque fue hasta enero de este año cuando Bravo Montiel que se presentó al Juzgado Civil de Tepeaca para iniciar un juicio reinvindicatorio, con el argumento de que en ese mes fue cuando se enteró de que en sus supuestos terrenos se habían construido de manera ilegal docenas de viviendas, sin su autorización. Argumentó que supo tarde de esta realidad porque vivió 20 años en Europa.
Ese simple hecho ya es una declaración falsa ante una autoridad, una conducta que está penada, ya que había comparecido antes, en el año 2016; por tanto es falso que estuviera en Europa y no se hubiera dado cuenta de la construcción del conjunto Balmaseda.
La anomalía más grave es que en ese juicio reinvindicatorio presentó como prueba a su favor el instrumento 1464, de la Notaría 1 de Tepeaca, con fecha del 5 de octubre de 1987, donde asienta que él es el legitimo propietario. El problema es que el documento es ilegible, es decir, no se puede leer. Por tanto, si no se puede conocer su contenido no tiene validez jurídica y no tendría que ser admitido en un juicio; sin embargo, si se tomó como válido dicho documento.
Ahí no terminan las anomalías. Un grupo de vecinos del conjunto Balmaseda aceptaron conciliar con el falso dueño de los predios. Los que no lo hicieron han sido hostigados para obligarlos a pagar 50 mil pesos, bajo el pretexto de que es el costo para autorizarlos a que sigan viviendo en sus propias casas hasta que concluya el juicio.
Atrás de todo esto hay un tufo de tráfico de influencias. El abogado defensor del falso propietario es José Mario Méndez Márquez, quien fue funcionario del Poder Judicial y es hijo de una juez.
El litgante ha acudido a varios medios de comunicación de la región para denunciar que es ilegal el conjunto Balmaseda, como una manera de hostigar, de presionar, a los dueños de las casas en litigio y buscar que baje la plusvalía de dicho conjunto residencial.
Todas estas anomalías ocurren frente al juez que lleva la causa, que actúa con parcialidad y favor de quien tendría que ser procesado por mentir y reclamar propiedades con documentos sin validez jurídica.
