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Anticorrupción sin sesgo gubernamental, pero tampoco de extrema derecha
A Puerta Cerrada
Por: Jorge Rodríguez
Sonaron muy bien las palabras empleadas por José Carlos Montiel Solana a principios de junio para argumentar la necesidad de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) colaborara en el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Esa vez, flanqueado por algunos de sus colegas, el dirigente empresarial habló de la importancia de que los cinco integrantes del comité de participación ciudadana estuviesen desligados del gobierno y respondieran, de verdad, a intereses sociales.
Acto seguido, anunció que el CCE, en alianza con los rectores de algunas universidades y representantes de la iniciativa privada, propondría al Congreso del Estado diversos perfiles para elegir a los nueve miembros del comité de selección que a su vez serían los responsables de definir al comité de participación ciudadana.
Montiel Solana logró con ello el reconocimiento inmediato.
Pugnar por la inclusión de ciudadanos serios y capaces en los procesos institucionales de combate a la corrupción gubernamental era, y es, una propuesta elogiable.
¿Quién desde la sociedad civil pretende que el combate a la corrupción quede en manos de personajes incrustados desde alguna perversa y oscura oficina de gobierno?
¡Nadie!
Por eso resultaban de fácil adopción los principios vertidos por José Carlos Montiel en su conferencia de prensa del 6 de junio.
Que la cúpula empresarial del estado participara en tan importante asunto serviría como herramienta de inclusión frente a una clara necesidad por tomar en cuenta a todos los sectores sociales.
El problema fue que, por culpa del acostumbrado desinterés ciudadano, las propuestas del CCE, ligadas casi en todos los casos al sector empresarial, terminaron por ser mayoría.
Vea usted:
De los 19 aspirantes que llegaron a la segunda etapa del proceso para integrar el comité de selección, nueve emanan del CCE y sus organismos aliados, y de estos, siete guardan alguna clase de vínculo con los grupos de derecha y hasta del Yunque.
A saber:
José Antonio Quintana Gómez, presidente de Coparmex;
Jesús Migoya Junco, presidente de Justicia Ciudadana;
Luis Lozano Torres, empresario que ingresa como propuesta de la Canaco;
Marco Antonio Cerón Grados, financiero ex presidente del IMEF que accede como propuesta del Club de Empresarios;
José Emilio Baños Ardavín, rector de la UPAEP,
José Gerardo Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac, y
Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero.
Lo que sigue ahora depende de los siete diputados integrantes de la comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, presidida, ni más ni menos, que por un ex líder del CCE: el panista Francisco Rodríguez Álvarez.
En el paquete de 19 aspirantes están representados sectores más allá del empresarial y hay rectores de instituciones públicas.
Tomar en cuenta a todos y hacer una selección plural es deber de la comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
Así que hay que estar atentos a conocer la identidad de los próximos elegidos.
Y a confirmar que, en efecto, en la definición no hayan pesado las inclinaciones ideológicas de algunos diputados en favor del sector empresarial y la extrema derecha.
Colmar de ciudadanos oficiosos el sistema estatal anticorrupción es un mal que debe evitarse, por supuesto, pero también debe impedirse que se conviertan en mayoría los representantes de un solo grupo social, por muy crítico que (en ocasiones coyunturales) este sea.
Nota.- Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, y Fernando Fernández Font, de la Iberoamericana, también le deben a Montiel Solana su ingreso a la lista de aspirantes, pero ninguno de los dos responde, ni remotamente, a los intereses del organismo empresarial.
@jorgerdzc
