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Justicia, la deuda pendiente
Las serpientes y escaleras
Por Ricardo Morales
Nadie sabe exactamente en qué punto se comenzó a perder la tranquilidad de los poblanos; pero lo cierto, es que hoy la gran deuda de la administración estatal es que haya justicia pronta y expedita, un viejo sueño tal vez.
Nadie puede dudar que la administración de Tony Gali ha puesto todo de su parte para lograr combatir el tema de la inseguridad, que es otro problema que afecta de manera grave a los poblanos, pero también lo es, el hecho de que la tarea es titánica y que no puede ser algo que se componga en un año y 10 meses de gestión.
Los frentes que se han abierto por todo el territorio poblano son muchos; el principal, estriba en la guerra en contra del robo de combustible, el cual ya ha cobrado múltiples víctimas.
La presencia del ejército mexicano ha sido una medida más que acertada en la lucha en contra del crimen organizado, pero no es la única actividad ilícita que debe de preocupar a los poblanos.
A la fecha ya son más de un millón 700 mil litros de combustible, los decomisados, producto del combate al huachicoleo, lo cual ha rendido sus frutos, los hechos demuestran que hay interés por cumplir con la palabra empeñada.
Las ejecuciones y los feminicidios también constituyen una preocupación constante para la administración estatal, la cual ha buscado enfocarse como lo ha dicho el propio Gali, en recomponer el tejido social, el cual se fracturó en Puebla.
No es nada fácil lo que se ha tenido que enfrentar, la situación geográfica de Puebla, la riqueza de la ciudad, la llegada de miles de familias provenientes del norte del país, la propia vecindad con entidades como Guerrero, Morelos, Veracruz y el Estado de México, con su propia problemática, han provocado que la entidad, se “contamine”.
La situación por sí misma es complicada, pero ahora esta aderezada por la indolencia de las autoridades municipales, las cuales no cooperan ya sea por temor, por negligencia o por complicidad.
Puebla capital no es ajena a este fenómeno de la inseguridad, la cual se extiende con el tema de las ejecuciones.
Los robos a casa habitación y de autopartes han pasado a ser parte de la vida cotidiana en la capital del estado, con toda la complejidad de una ciudad en donde ya conviven más de 2 millones y medio de habitantes y en donde cerca de 600 mil viven en condiciones de pobreza extrema.
No por nada, una de las prioridades de la administración del alcalde Luis Banck Serrato es atacar la pobreza en la que viven miles de familias poblanas y que se han convertido en un elemento que contribuye al clima de violencia e inseguridad que azota a la Angelópolis.
El robo a transporte público es una corresponsabilidad de autoridades, pero también de los señores concesionarios, que no han querido instalar los botones de pánico en sus respectivas unidades.
Y es que el gobierno del estado los instaló en los vehículos del sistema ruta, pero dejó en libertad a los concesionarios del sistema de transporte para que pudieran instalar o no, los llamados botones de pánico, los cuales están instalados al C5 de la secretaría de Seguridad Pública.
Un paso que es más que necesario, es la depuración total y absoluta del sistema de impartición de justicia en Puebla, un tema que tal vez tenga que abordar el futuro gobernador o gobernadora.
El sistema judicial de Puebla está más que podrido y es uno de los peores de todo el país.
Nadie que ha pisado una agencia del ministerio público me dejará mentir, que es fatal el servicio, el cual se mantiene igual desde hace más de 40 años y sin hacer uso de la tecnología para poder avanzar.
El atacar el problema de la inseguridad requiere de soluciones de fondo y atacar el problema de raíz, la impartición de justicia es una deuda pendiente que deberá de abordar dentro de las prioridades de su agenda la próxima administración, para erradicar el corrupto sistema poblano, plagado de intereses e indolencia.
