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Del tema de los presos políticos depende la credibilidad de Antonio Gali
Cuitlatlán
Por Fermín Alejandro García
Sin duda el mensaje de reconciliación e inclusión que planteó el nuevo gobernador Antonio Gali Fayad –en su toma de posesión– es un respiro frente al autoritarismo de su antecesor, Rafael Moreno Valle Rosas. Sin embargo, esas palabras representarán un verdadero cambio o se convertirán en un acto de demagogia, de engaño, en la medida en que los próximos días el nuevo titular del Poder Ejecutivo libere a los presos políticos y frene la persecución político–judicial que sufren docenas de activistas, académicos, alcaldes, sindicalistas y líderes de opinión que fueron objeto de la represión morenovallista.
Antonio Gali Fayad conoce todos los casos de presos políticos. Tiene documentados los abusos cometidos contra cada uno de ellos y en su gabinete se encuentran los ejecutores de dicha persecución criminal. Por tanto, tiene las herramientas para actuar en lo inmediato y no esperar semanas o meses para atender dichos asuntos.
Del tema de los presos políticos dependerá en mucho la credibilidad del discurso inaugural de su gobierno.
También se sabrá si realmente ha asumido una sana distancia frente a Rafael Moreno Valle Rosas, ya que si no actúa positivamente para desarticular la ola represiva y persecutoria del morenovallismo, entonces acabará dejando en claro que su antecesor es quien sigue mandando en Casa Puebla.
Las acciones que debe tomar Gali son muy concretas:
Primero: tiene que permitir la cárcel domiciliaria de Rubén Sarabia Sánchez, el líder de la 28 de Octubre, quien padece cirrosis y si continúa internado en el Hospital General del Norte podría captar una infección que lo mataría en cuestión de días. Los médicos de ese nosocomio ya lo han dado de alta y han pedido que, por su avanzada edad y estado de salud, sea llevado a un lugar seguro, pero el gobierno se ha resistido como una manera de torturar al dirigente de la organización popular más importante del estado.
Segundo: que se revisen los cargos contra Simitrio, sus hijos, su esposa Rita Amador y otros miembros de la 28 de Octubre, quienes están acusados de narcomenudeo, daño en propiedad ajena, agresiones a policías y amenazas, mediante demandas llenas de vicios, de falsas pruebas o dichos de funcionarios inexistentes del gobierno de la entidad.
Tercero: que saque de la cárcel a Francisco Castillo Montemayor, quien en el peor disparate judicial lo metieron a la cárcel por peculado luego de que el gobierno del estado revisó su desempeño como secretario del Medio Ambiente en el sexenio pasado sin encontrar anomalías o plantearle observaciones. Lo acusan por unas supuestas anomalías en unas estaciones de transferencia de basura y resulta que dichas obras las avaló la administración morenovallista, llegándose al extremo que se exhibieron como un logro gubernamental. Si el ex funcionario no sale de prisión a la brevedad, podría morir en la fría celda que comparte con una veintena de presos que duermen hacinados.
Cuarto: se tienen que revisar o desechar los procedimientos que la Auditoría Superior del Estado emprendió contra los ediles de San Pedro Cholula y Tehuacán, José Juan Espinosa Torres y Ernestina Fernández, respectivamente, quienes enfrentan cargos por no haberse dejado someter por Rafael Moreno Valle Rosas.
Quinto: Gali le debe cumplir al ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, la promesa de que no habría persecución en su contra. El ex edil enfrenta un procedimiento administrativo por más de 400 millones de pesos, el cual está lleno de inconsistencia y en el que se volvieron a observar fondos que ya habían sido comprobados.
Sexto: tendría que levantar el veto que existe contra los panistas que laboraron en la gestión de Eduardo Rivera, ya que por órdenes de Moreno Valle se prohibió que les dieran trabajo en el gobierno del estado, en los ayuntamientos, en cualquier organismo público e incluso hasta en el propio PAN.
Séptimo: que frene el proceso judicial que enfrentan siete estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, desde julio de 2015, a quienes se les acusó sin pruebas de supuestamente colocar explosivos en una terminal de RUTA y en las oficinas de la Secretaría de Economía y del Instituto Federal Electoral. A los agraviados no siquiera les han entregada la copia de la averiguación previa, como una estrategia para que no se pueden defender.
Octavo: el activista Roberto Formacio vive desde 2014 a salto de mata por una orden de aprehensión por el solo hecho de haber estado parado en el zócalo de San Andrés Cholula, durante una protesta pacífica contra las obras que se realizaron en la zona de la pirámide. Como él, otros defensores del patrimonio culturas, como los miembro de la familia Xicale y los hermanos Tlachi, siguen con un acoso político–judicial por haber exigido que se respetara una de las áreas arqueológicas más importantes del país.
Noveno: docenas de campesinos, mototaxistas, transportistas, maestros disidentes, ex trabajadores del gobierno del estado, sindicalistas y de organizaciones sociales aparecen sus nombres en averiguaciones previas, que están bajo reserva, de que en cualquier momento serán activados procesos en su contra, por el simple hecho de haber participado en protestas o haber disentido con el gobierno del estado.
Décimo: es fundamental eliminar el proceso, que raya en un disparate, en contra del pajarero Martín Camacho Morales, quien a lo largo de tres décadas fue un ejemplo nacional de como mantener un aviario, sin fondos públicos, con técnicas de cuidado a la fauna y flora, para que en el sexenio pasado acabara siendo acusado de tráfico de especies protegidas sin que nunca aparecieran los supuestos denunciantes.
Undécimo: aunque su nombre casi no es mencionado, el ex líder del Sindicato de ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco, se encuentra en la cárcel con acusaciones inconsistentes. Es cierto que a este personaje fue responsable de muchos abusos contra trabajadores de la comuna capitalina, pero no era procedente tenerlo en prisión tal como se encuentra.
