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Latente, la amenaza del morenovallismo de demandar a un grupo de periodistas incómodos
Cuitlatlán
Por Fermín Alejandro García
La venganza está siendo el sello distintivo del cierre del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, razón por la cual tres periodistas ya han interpuesto amparos ante el trascendido de que sigue el interés de iniciar demandas contra un importante grupo de directivos de medios de comunicación o columnistas que fueron incómodos para la administración morenovallista. Se sabe que son 10 los comunicadores en la lista de los que posiblemente sean objeto de la revancha final del actual titular del Poder Ejecutivo.
Una muestra clara de ese comportamiento es, sin duda, el encarcelamiento del ex secretario del Medio Ambiente Francisco Castillo Montemayor; el inicio de un proceso administrativo contra el ex alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez; la destitución de la presidente de Tehuacán, Ernestina Fernández, así como la negativa de darle prisión domiciliaria al líder de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, cuya edad avanzada y estado delicado de salud demanda que se le otorgue dicho beneficio, pero hay una negativa de la Secretaría General de Gobierno.
Los anteriores casos han ocurrido en la parte final del gobierno morenovallista y en todo estos asuntos no se perciben argumentos jurídicos firmes contra los agraviados, solo el afán de venganza por no haberse sometido al control del gobierno morenovallista.
Rafael Moreno Valle Rosas, a lo largo de la mayor parte de su gestión, dijo que iba a acabar, exterminar, a varios medios de comunicación –entre ellos a La Jornada de Oriente y el diario Intolerancia–, por lo que nada impide que busque concretar parcialmente su amenaza y aunque concluya su sexenio deje iniciados procesos civiles contra periodistas incómodos, ya que al final continuará en el cargo Víctor Carrancá, el fiscal general del estado, quien fue artífice de su política persecutoria contra quienes fueron sus críticos.
A lo largo su gestión, dijo que iba a acabar con varios medios de comunicación, entre ellos La Jornada de Oriente y el diario Intolerancia.
Se sabe que la estrategia que se podría seguir es que las demandas no serían presentadas por ninguna instancia oficial del Poder Ejecutivo. Se buscaría simular que son querellas ajenas al gobernador.
Para eso se echaría mano de ex presidentes municipales, de diputados locales o de miembros de la dirigencia del PAN para sostener que los periodistas acusados han emprendido campañas de difamación, de “guerra sucia”, de alteración del orden público que daña a las instituciones públicas del estado de Puebla.
No sería la primera vez. Uno de los periodistas más aborrecidos por el morenovallismo, al inicio del sexenio, enfrentó varias acusaciones en cadena y éstas fueron presentadas por particulares, pero al parecer alentados desde el grupo político en el poder.
Desde una lógica general parecería un enorme error político que en el último mes del sexenio el gobernador saliente acumule nuevos conflictos, sobre todo cuando está a punto de perder mucho del poder que ha detentado.
Sin embargo, ese razonamiento no rige el comportamiento del gobernador.
Trascendió que el ex gobernador Melquiades Morales Flores había objetado ante Rafael Moreno Valle Rosas la posibilidad de encarcelar a Francisco Castillo Montemayor, quien antes de su aprehensión no tenía abierto ningún proceso administrativo o penal. O por lo menos, nunca se lo notificaron. Al final el titular del Poder Ejecutivo no escuchó a su mentor político y no frenó la detención del ex secretario del Medio Ambiente; ahora él y Simitrio son los principales presos de conciencia del final de sexenio.
Se sabe que poco antes del inicio de la última campaña electoral hubo una conciliación entre el entonces aspirante a gobernador Antonio Gali Fayad y Eduardo Rivera Pérez, luego de que este último estaba con la certeza de que se iban a utilizar sus cuentas públicas para perseguirlo.
Como resultado de ese acercamiento se aprobó una de las cuentas públicas de Rivera y quedó la idea de que no habría persecución contra el ex edil, quien para buscar no confrontarse con el morenovallismo se fue a apoyar la campaña del PAN en Quintana Roo.
Reunión entre Eduardo Rivera y Antonio Gali
Eduardo Rivera enfrenta un proceso administrativo por más de 400 millones de pesos.
Al final no se respetaron los acuerdos y ahora Eduardo Rivera enfrenta un proceso administrativo por más de 400 millones de pesos, pese a que había solventado el grueso de las observaciones que le había hecho el Congreso del estado.
Uno de los periodistas que están en la supuesta lista de los que podrían enfrentar demandas se entrevistó con miembros de la cúpula del gobierno de transición de Gali, de donde salió la promesa de que no habrá persecución de comunicadores en las tres semanas que le quedan al sexenio.
Habría que creer en esa promesa, pero también tomar ese ofrecimiento con reservas, ya que a Eduardo Rivera no le cumplieron el compromiso de que no sería parte de la lista de activistas perseguidos por el régimen morenovallista.
Mientras tanto, tres colegas ya solicitaron un amparo con el fin de protegerse contra las trampas legales que estarían preparando los morenovallistas.
Aunque en este gobierno la protección de la justicia federal se usó como jerga para limpiar pisos, ya que muchos de los presos políticos del sexenio, pese a tener medidas cautelaras, acabaron pisando la prisión o los juzgados. El odio a la crítica en el morenovallismo mueve montañas.
