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Ana Isabel Allende debe regresar regalos de su boda
Cuitlatlán
Por Fermín Alejandro García
Una de las bodas que más ha llamado la atención en los últimos días es la de Ana Isabel Allende Cano y Adolfo Karam Beltrán, por ser dos importantes figuras públicas del priismo local que crecieron mucho a la sombra del ex gobernador Mario Marín Torres. Sin embargo, algo que llama la atención del reciente enlace es que tal vez la ex dirigente estatal del PRI y actual delegada de la Secretaría de Gobernación federal tendrá la obligación de regresar varios de los regalos que recibió por su unión con quien fuera uno de los principales jefes policiacos del marinismo.
Según la ley –desde la época de Miguel de la Madrid en que se emprendió la primera cruzada contra la corrupción de los políticos– un funcionario federal no puede recibir un regalo cuyo precio al público exceda los 10 mil pesos. Se sabe que por ese motivo algunos presidentes de la República tuvieron que despojarse de obsequios concedidos por mandatarios y empresarios de diversas partes del mundo.
En el caso de Ana Isabel Allende llama la atención que la funcionaria para su boda solicitó obsequios que exceden en mucho el límite de los 10 mil pesos. Ya que la nueva pareja de esposos apartó mesas de regalos en las tiendas Liverpool –con el folio 40121185– y en el Palacio de Hierro –con el folio 315375–, en donde hay objetos demasiado onerosos.
El tecleador pudo revisar la lista de la mesa de regalos del Palacio de Hierro, la cual todavía se puede encontrar en la página de la tienda, pese a que la boda fue el pasado 3 de diciembre, en la cual hay objetos accesibles, como es el caso de mantel individual de 164.25 pesos, una toalla de manos de 381.75 pesos o un portarefractario ovalado de mil 311.75 pesos.
Pero también hay varios regalos de 25 mil pesos, de 30 mil y hasta de 58 mil pesos, como es el caso del refrigerador French Door, de la marca LG, que tiene un valor de 58 mil 99.30 pesos. O una televisión de más de 30 mil pesos, por citar algunos ejemplos.
¿Realmente se cumple la ley en este rubro? No se sabe. Pero en caso de que si se cumpla, el nuevo matrimonio de la alta clase priista de Puebla tendrá que regresar algunos presentes. Aunque tal vez se argumente que los obsequios caros fueron para el novio y no para la novia. ¿Será?
Anomalías financieras en Bachilleres
El posible regreso de Refugio Rivas Corona como dirigente sindical del Colegio de Bachilleres de Puebla (Cobaep) ha puesto nerviosos a varios funcionarios de alto nivel de esa institución, ya que de acuerdo con un cálculo que han realizado los que conocen los movimientos laborales del Cobaep, se han acumulado supuestas anomalías financieras con el pago de prestaciones a los trabajadores por el orden superior a los 140 millones de pesos.
El problema de fondo es que en los últimos cinco años no ha existido una representación sindical que reclame el cumplimiento de los derechos laborales, y sobre todo, frene los abusos que tienen atemorizados al grueso de los docentes y al personal administrativo.
No es un asunto menor, ya que una parte importante de esos 140 millones de pesos que no se han destinado al objetivo previsto son fondos federales, toda vez que el 50 por ciento del presupuesto del Cobaep lo aporta el gobierno de la República.
Entre las anomalías más visibles es que en los últimos cinco años a los trabajadores de Bachilleres les han descontado impuestos sobre el pago de aguinaldos, con el pequeño detalle de que no es procedente esa deducción debido a que ese descuento ya se aplica desde el gobierno federal.
Por tanto, dos veces se está tributando el mismo impuesto o alguien ha fingido pagar esa carga impositiva para desviarla a otro propósito.
En general, al personal administrativo le han reducido o suspendido totalmente el pago de vales de despensa.
Mientras que a los docentes les redujeron salarios y se les quitó, de un día para otro, la prestación de poder obtener la graduación de lentes y la compra de armazones.
Todo esas modificaciones se hicieron sin que se consultara o informara a los trabajadores.
Y pese a que llegaron los fondos federales para cumplir con tales obligaciones.
En general, todos los trabajadores de Bachilleres en los últimos meses han perdido más de 5 prestaciones laborales.
Por si fuera poco, ha trascendido que la mayor parte de la planta laboral del Colegio de Bachilleres –sin su autorización– fue registrada en los padrones de militantes del PRD, como parte de la estrategia morenovallista de controlar la vida interna de ese partido político.
Dichas anomalías han sido posibles debido a que el gobierno del estado impuso a Ricardo Ordaz Pérez como dirigente sindical, como parte de un intento de anular el liderzazo de Refugio Rivas, a quien el Poder Ejecutivo en 2011 desconoció como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.
Ricardo Ordaz, en los cinco años que lleva de dirigente gremial, nunca logró ganarse el mínimo de confianza de las bases que dice representar.
Queda claro que un dirigente sindical que lo pone la parte patronal nunca va a tener la posibilidad de defender a los trabajadores que representa. Eso es lo que pasó con Ricardo Ordaz.
