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Elia Tamayo, víctima de múltiples chantajes y presiones
Cuitlatlán
Por Fermín Alejandro García
Ante la versión –no oficial– de que Elia Tamayo habría recibido 1.7 millones de pesos del gobierno del estado en resarcimiento por la muerte de su hijo José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años que murió a manos de la Policía Estatal en la represión de 9 de julio de 2014 contra el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, resulta necesario entender el papel que ha jugado esta mujer, quien se ha destacado por su valentía, por tener el coraje de enfrentar el autoritarismo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y al mismo tiempo sufrir una larga serie de agravios y presiones extremas a los largo de los últimos dos años y medio.
Elia Tamayo es ante todo una víctima del actual gobierno estatal y pese a que es una mujer con escasa formación escolar, que proviene de un estrato social de abandono y pobreza, es de las pocas ciudadanas que en este sexenio resistió con dignidad y coraje el autoritarismo violento que dominó al sexenio que está por concluir.
Su vida se convirtió de un día para otro en un tormentoso escenario que inicia con la muerte de su hijo, que luego siguió con los chantajes del gobierno del estado, la impunidad que existe sobre el asesinato del menor de 13 años, las presiones que sufrió de diferentes actores políticos y el volverse blanco de un conjunto de abogados, supuestos defensores de derechos humanos y otros personajes siniestros que aparecieron a su alrededor para intentar lucrar con la tragedia.
Queda claro que esta supuesta entrega del dinero responde a una urgente necesidad del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas de intentar lavarse la cara frente al proceso de selección del candidato presidencial del PAN, pues sabe que el incumplimiento a la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se asentó la brutalidad policiaca contra el pueblo de Chalchihuapan, puede ser un arma para derribarlo en la carrera por la postulación panista.
Al final le ha salido barato al gobierno del estado las tropelías cometidas en Chalchihuapan, si es que es verdadera la versión de que pagó 1.7 millones de pesos.
Sin embargo, desde el punto de vista ético, Rafael Moreno Valle se irá del cargo de jefe del Poder Ejecutivo con las manos manchadas de sangre por la muerte del niño Tehuatlie, por los vecinos de Chalchihuapan que quedaron lisiados por la represión y por la mala fama que ganó de ser un gobernante que facultó a sus policías a disparar armas de fuego contra manifestantes en la vía pública.
Nadie le va a quitar a Moreno Valle el estigma de ser el gobernador de Puebla más parecido al carácter intolerante e irascible del presidente Gustavo Díaz Ordaz, autor de la matanza de Tlatelolco.
Tampoco se debe perder de vista que no hay justicia en la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, ya que nadie está en la cárcel por ese asesinato.
Nadie emprendió algún proceso contra los funcionarios de la extinta Procuraduría General de Justicia de Puebla, empezando por su titular Víctor Carrancá, que armaron un falso peritaje para aparentar que el menor había muerto por el estallido de “un cohetón” que supuestamente lanzaron pobladores de Chalchihuapan, la cual fue una versión que tumbó la CNDH al establecer que fue un proyectil de la Policía Estatal el que se estrelló en el cráneo de este niño, que por casualidad pasaba por la zona en donde los granaderos se presentaron a desalojar un bloqueo carretero.
Agravios y presiones
A las pocas horas de que José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo murió en el Hospital del Niño Poblano, 10 días después de la represión a Chalchihuapan, se sabe que personal del gobierno del estado quisieron negociar con Elia Tamayo la entrega de una casa y de cierta suma de dinero, que era por el orden de los 70 mil pesos, para que no hiciera declaraciones a la prensa.
Desde ese momento se sabe que la madre del niño Tehuatlie le dio un no rotundo al gobierno de Moreno Valle. Su respuesta fue, palabras más, palabras menos: “Con eso no regresan a la vida a mi hijo”.
Ante “la amenaza” en que se había convertido esta mujer menuda, de origen campesino, de rostro triste, para los proyectos políticos de Rafael Moreno Valle Rosas, desde el gobierno del estado se pensó que la alternativa era quitar de en medio a quien se creía que “le metía malas ideas a la señora Tamayo”, tal como lo definían funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.
Por eso se utilizó a Alejandro del Castillo Saavedra –mejor conocido como El Lechuzo– y otros abogados para que difamaran, desplazaran, de la defensa de la causa de Chalchihuapan a la entonces diputada federal Roxana Luna Porquillo, quien había formado un frente de comunidades contra la decisión de la administración morenovallista de quitarles el registro civil a las juntas auxiliares.
Como no funcionó esa receta, entonces se optó por encarcelar a Javier Montes Bautista, el edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, y se le mandó mensajes a Elia Tamayo de que esa aprehensión era consecuencia de su obstinación de no aceptar las disculpas del gobierno del estado –tal como lo exigió la CNDH– y dar por cerrado el asunto de la muerte de su hijo menor.
Al mismo tiempo aparecieron en Chalchihuapan varios supuestos protectores de derechos humanos –de los que hablaré en otra columna– que se dedicaron a gestionar que varios heridos de la represión aceptaran ir al gobierno a recoger dinero, para que les resarcieran el daño.
Se sabe que al final la señora Tamayo enfrentó muchas presiones. Entre ellas que se habría condicionado que la libertad de Javier Montes se lograría si aceptaba el resarcimiento de daños por parte del Poder Ejecutivo. Es probable que por ese chantaje habría aceptado el dinero mencionado al inicio de esta columna.
Si eso ocurrió, habría que preguntarse: ¿Cuánto cobraron de comisión quienes presionaron a Elia Tamayo para aceptar el supuesto pago gubernamental?
