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Exclusión y persecución contra cinco diputados críticos del morenovallismo
Cuitlatlán
Por Fermín Alejandro García
Contrario a la promesa de cambio, el morenovallismo significó implantar formas primitivas de hacer política. Para el caso de la LVIII y la LIX Legislaturas la orden que salió de Casa Puebla y se ha aplicado al pie de la letra, es que el diputado que ose hacer críticas o denuncias se le debe excluir de la toma de decisiones, sus comisiones tienen que ser bloqueadas y se le congela todas las iniciativas o puntos de acuerdo. Son formas que no siquiera se aplicaban cuando el PRI era la fuerza hegemónica en el estado.
Los cinco diputados que en su momento sufrieron ese tormento morenovallista son: el ex militante de Movimiento Ciudadano José Juan Espinosa Torres, el priista Pablo Fernández del Campo, el panista Juan Carlos Espina von Roehrich, la legisladora del Partido Verde Geraldine González y ahora se ha sumado a esa lista la perredista Socorro Quezada Tiempo.
El caso más extremo fue el de Pablo Fernández del Campo, a quien por órdenes del gobernador se había decidido que se le iba a negar el derecho más elemental de un diputado, que es pertenecer a alguna comisión legislativa.
De no haber sido por la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, simplemente lo hubieran “congelado” como diputado, con la complacencia del PRI local y de la mayoría de los integrantes de la LIX Legislatura, que se destacan por el miedo, el pavor, la sumisión ciega que le tienen a Moreno Valle.
Pablo Fernández del Campo estaba a punto de dejar la presidencia estatal del PRI y había decidido retomar su trabajo legislativo, cuando recibió un mensaje del grupo morenovallista: no se le iba a dejar ser parte de ninguna comisión del Congreso y solo le permitirían integrar un comité menor, de asuntos intrascendentes.
La razón era muy clara: había provocado agravios contra el grupo morenovallista en su calidad de presidente del PRI en el proceso electoral del año 2013.
Al entonces líder de la fracción local del PRI y ahora diputado federal, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, se le comisionó desde la dirigencia nacional priista que dialogara con la Secretaría General de Gobierno de Puebla y se frenara esa actitud represiva. El político originario de Huauchinango en lugar de pelear por los intereses de su grupo parlamentario acudió con los morenovallistas a negociar que le dieran la presidencia del Congreso a cambio de aceptar la exclusión de Fernández del Campo.
Cuando se enteró de ese acuerdo obscuro la entonces secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivone Ortega, estalló en cólera y se comunicó con Giorgana para reclamarle su traición y exigirle que parara la sesión del Congreso en donde los morenovallistas se preparaban para hacer escarnio de Fernández del Campo exhibiendo que había sido excluido de toda comisión.
Al final intervino Osorio y se frenó la venganza del grupo del gobernador.
Algo muy similar ha pasado con Geraldine González, quien es priista pero fue postulada como candidata a diputada por el Partido Verde Ecologista. La legisladora ha sido una de las más productivas, ya que lleva presentadas 81 iniciativas y puntos de acuerdo. De todas esas propuestas, solamente le han aprobado una. Ese trato excluyente se debe a que la representante social ha sido incisiva con el tema de la violencia de género que se sufre en Puebla.
Los pecados de Quezada
Socorro Quezada este martes sufrió el bloqueo en una de las comisiones que preside, ya que no llegaron a la sesión convocada los legisladores Pablo Montiel, Víctor León Castañeda, Germán Jiménez y Marco Antonio Rodríguez, como una muestra clara de misoginia y de sumisión a Rafael Moreno Valle Rosas. Se sabe que existe una orden desde el Poder Ejecutivo de excluir en todo a la diputada perredista.
El odio que ahora existe contra la también presidente del PRD estatal, Socorro Quezada Tiempo, se reduce a algo muy sencillo: ha ejercido su libertad y convicciones, algo que no es tolerable, admisible, entendible, digerible, para los morenovallistas, quienes están acostumbrados a vivir sumisos a la figura del gobernador.
Sin duda alguna es una actitud valiente, digna, honrosa, la que ha tomado Socorro Quezada, quien generó el primer agravio al morenovallismo cuando en el año 2012 decidió votar contra la fascista Ley Bala. En esa ocasión sus compañeros de bancada, Carlos Martínez Amador e Ignacio Mier Velasco Bañuelos la fueron a acusar ante instancias nacionales del PRD, bajo la acusación de que estaba dando la espalda al gobernador.
El segundo agravio es que Quezada se opuso a que en este año el PRD hiciera una alianza electoral con el PAN, bajo el argumento de que el partido del sol azteca había sufrido humillación y exclusión del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Y un tercer asunto, es que la diputada hace unos días denunció los “cañonazos” que les dan a los diputados para que aprueben todas las iniciativas del gobernador, sin importar las implicaciones sociales y políticas de esos proyectos legislativos.
Frente a estos hechos habría que empezar a preguntarse: ¿Cómo sería Rafael Moreno Valle como presidente de México?
Si se toma la experiencia de lo que ha pasado con diputados críticos de Puebla, todo indica que si es presidente del país y encuentra un Congreso de la Unión no sometido, es capaz de mandarlo a desaparecer. Sería una especie de Alberto Fujimori, quien en Perú decretó la desaparición de los contrapesos a su presidencia.
