Puebla 15°C 
Jueces han liberado a 41% de detenidos por fallas del nuevo sistema de justicia oral
Cuitlatlán
Por: Fermín Alejandro García
En el discurso oficial del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se insiste que el nuevo sistema oral de justicia en materia penal es la panacea, que hay mayor competitividad y se cerraron los resquicios de la corrupción, pero la realidad es totalmente opuesta, situación que se demuestra con números: en cuatro meses los jueces han liberado a 41 por ciento de detenidos, lo que demuestra que persiste la violación a los derechos humanos, pero también mucha ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) o cohechos de funcionarios públicos para permitir la liberación de delincuentes.
Datos obtenidos del Poder Judicial –con fuentes confiables– indican que entre junio y septiembre de este año se presentaron ante los jueces de control a 191 personas detenidas supuestamente por cometer diversos delitos y resulta, que solamente en 140 casos se calificó como legal la privación de la libertad.
Ahí no termina todo: de esas 140 personas únicamente a 113 se le acabó vinculando como probables responsables de un delito.
Es decir, 41 por ciento quedó libre por diversos motivos, lo cual es un porcentaje muy alto que habla de una ineficiencia mayúscula de la Policía Ministerial y sobre todo del Ministerio Público.
Otro indicador preocupante: del primer conjunto de 14 órdenes de aprehensión que tramitó el Ministerio Público, o mejor dicho la FGE a cargo de Víctor Carrancá, los jueces solo concedieron cuatro.
En el resto de los asuntos los funcionarios del Poder Judicial respondieron que se debía precisar las causas por lo que se pedía dicho recurso. En lenguaje sencillo quiere decir que los jueces les dijeron a los miembros del Ministerio Público: o haces bien tú trabajo o no te doy la orden de aprehensión.
Si se analiza el primer rubro, el de los detenidos, hay varias conclusiones:
Primero: que a 78 personas se les violaron sus derechos humanos, ya que no se les debía detener. Al final se les aplicó la clásica excusa: “usted disculpe la molestia” y se fueron a sus casas.
Segundo: lo que ya se advirtió en esta columna, que existe una colusión entre agentes del Ministerio Público y los defensores de oficio, para que en los casos en que existen dadivas de por medio los primeros se dejen ganar y se pueda liberar a presuntos delincuentes.
Tercero: que se está poniendo en evidencia que los agentes del Ministerio Público no son especialistas en el tema de vincular a proceso a los delincuentes que son detenidos, razón por la cual los siguen derrotando los litigantes privados y de oficio, o simplemente los jueces se percatan de la ineficiencia y se ven obligados a liberar a los detenidos.
A todo lo anterior hay que sumar que hay miles de carpetas de investigación que nadie les hace nada, se la pasan durmiendo el sueño de los justos, o mejor dicho los injustos, por la ineficiencia de la FGE.
O que siguen vigente el sistema de repartir gratificaciones para que las cosas caminen. Hace unos días se comunicó con este tecleador un ciudadano indignado ya que le cobraron 4 mil pesos para que lo dejaran acreditar la propiedad de un vehículo robado y que fue recuperado por la Policía. Es decir hay que pagar para que se haga justicia.
Sería deseable que un día Víctor Carrancá o Diódoro Carrasco Altamirano, el secretario general de Gobierno, se presentaran como simples ciudadanos a una agencia del Ministerio Público para que conozcan porque hasta la persona con mayor templanza acaba desquiciada en un lugar de esos.
El promedio que un ciudadano tarda en denunciar un ilícito es de ocho horas, periodo que pocas personas pueden destinar sin sufrir afectaciones laborales o enfrentar problemas de salud.
Y es que solamente se puede denunciar en el edificio central de la FGE –ubicada en el bulevar 5 de Mayo– o en el complejo de seguridad que está a la altura de Cuautlancingo, al que se llega por el Periférico.
Resulta absurdo que siendo Puebla la cuarta zona metropolitana más grande del país, con más de un millón de habitantes, y más de mil colonias, juntas auxiliares y municipios conurbados, únicamente se tengan dos sitios para denunciar los miles de ilícitos que hay a diario.
El problema no termina en llegar hasta esos dos lugares y destinar muchas horas, sino en alcanzar alguna de las 25 fichas que se reparten por turno para que alguien pueda presentar una denuncia.
La responsabilidad de este evidente fracaso es de Víctor Carrancá, que a su vez delegó en Gustavo Huerta Yedra, la creación y puesta en marcha del nuevo sistema oral de justicia en materia penal. Este funcionario sin ser experto en cocina se metió a hacer un pastel que ha resultado estar crudo, que a todos les hace daño.
