La corte de los milagros
Rodolfo Ruiz R.
El empresario Pablo García Migoya fue nuevamente víctima de un operativo de personal del ayuntamiento de Puebla, que el sábado se llevó las banderolas que usa para apartar lugares en el estacionamiento privado de su negocio, Solera, por una supuesta denuncia ciudadana.
Y aunque al final se las devolvieron, García Migoya fue víctima —durante el operativo— de actos de abuso de autoridad y de presumibles actos de difamación de un grupo autodenominado Poder Antigandalla que lo exhibió en Periscope y Twitter como un empresario que no sólo se apropia de la vía pública, sino que infringe diversos ordenamientos del Código Civil de Puebla y el Código Reglamentario Municipal.
Los hechos ocurrieron entre las 13 y las 14 horas en la tienda de vinos, licores y alimentos gourmet, ubicada en el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la calle 2 Sur cuando unos nueve brigadistas del Poder Antigandalla pretendían llevarse sus banderolas, haciéndose pasar por empleados del ayuntamiento.
Encabezados por José Ramón Alonso González, hijo del empresario José Vicente Alonso Martínez, dueño de la agencia de autos Puebla Automotriz, los brigadistas han cobrado notoriedad en los últimos días por supuestamente defender los espacios públicos y denunciar, en las redes sociales a hoteleros, restauranteros y comerciantes gandallas que invaden la vía pública, apropiándose de calles, parques y otros lugares.
Durante el operativo del sábado, los integrantes del Poder Antigandalla pasaron corriendo por el estacionamiento de Solera y se llevaron las banderolas a una camioneta particular pick up de color gris, modelo 2014, con placas de circulación SK-13-693, lo que provocó la molestia del empresario García Migoya, y una larga discusión a la que se sumaron policías municipales, vecinos y funcionarios de la comuna.
García Migoya acusó a los jóvenes de robo y con el auxilio del personal de su tienda llamó una patrulla para que le devolvieran sus pertenencias. Al lugar llegó el jefe de sector 2 de la Policía Municipal, Leonardo López Maravillas, quien después de recibir una llamada telefónica procedió a llevarse al dueño de Solera al Juzgado Calificador.
García Migoya exigió, en ese momento, que también fueran remitidos a la autoridad municipal José Ramón Alonso y sus acompañantes.
Ya en el Juzgado, el secretario Mario Alberto García Hernández, le dijo al Policía que esta instancia no era competente, y que los detenidos tendrían que ser llevados al Jurídico de la Policía Municipal y la Fiscalía del estado, toda vez que los brigadistas estaban siendo acusados de robo.
Al lugar acudió el subcontralor del ayuntamiento de Puebla, Narciso Peña Jacobo, y también la titular del Juzgado Calificador Gabriela Aguilar Astorga, quien en contradicción con su secretario, llevó la audiencia y resolvió que ni el empresario García Migoya había incurrido en una falta administrativa como tampoco los jóvenes comandados por José Ramón Alonso.
Antes de esa resolución, el dueño de Solera recibió varias llamadas en su celular, solicitándole retirar los cargos de robo en contra del hijo del empresario Vicente Alonso Martínez. García Migoya accedió, pero reclamó una indemnización de cinco mil pesos por el día que perdió, y que los brigadistas del Poder Antigandalla le devolvieran sus banderolas dejándolas en el estacionamiento de su negocio.
Así sucedió.
¿Quién ampara al junior del Poder Antigandalla? ¿Por qué estos jóvenes se niegan a identificarse? ¿Qué seriedad puede tener una organización cuyos miembros usan apodos como La Rata o El Chómpiras? ¿Por qué el ayuntamiento no emplea al personal de Vía Pública para realmente impedir que empresarios abusivos aparten lugres calles o se adueñen de parques, estacionamientos y otras áreas? ¿Por qué la autoridad municipal no es la primera en poner el ejemplo en el zócalo y en otras calles donde se ubican edificios públicos, donde la vía es controlada por organizaciones y mafias ligadas a funcionarios municipales?
Conste que son preguntas.
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