Ciudad de México. Un senador de la República recibe –-aparte de su sueldo (dieta) y de las prestaciones de ley– entre 11 y 17 millones de pesos anuales por concepto de subvenciones, es decir, dinero que se entrega a los coordinadores de las bancadas y que tiene una cualidad: no se transparenta, porque no tienen la obligación de rendir cuentas.
Este escenario se repite en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero al ser 500 diputados –en el Senado son 128– la cantidad se reduce a 2 millones 300 mil pesos por legislador.
Esta información se desprende del séptimo reporte legislativo de Integralia, consultoría que dirige Luis Carlos Ugalde, el cual señala las deficiencias del Congreso mexicano.
En esta séptima edición, Integralia reitera que el Congreso tiene un sistema de comisiones burocratizado, que las convierte en instancias poco efectivas; también sostiene que hay un alto número de iniciativas presentadas, las cuales no se dictaminan o que simplemente no repercuten positivamente en la sociedad.
Este reporte legislativo también aborda la opacidad de las subvenciones de los grupos parlamentarios y el incumplimiento de la legislación en materia de transparencia.
Al presentar este reporte en el Senado, Luis Carlos Ugalde explicó que en el tema de las subvenciones, tanto en San Lázaro como en la Cámara Alta, hay una disparidad que tiene una razón der ser, pues no está justificada la manera de gastar este recurso.
Añadió que estos recursos aumentan cada año y que regularmente se usan en campañas políticas o son instrumentos políticos de las bancadas para mantener la cohesión, para disciplinar personas o para el control político.
Incluso, explicó que de manera anónima los legisladores han comentado que es dinero que usa para premiar o castigar legisladores, para evitar que los cabilderos “compren” legisladores, para que no tomar la tribuna, entre otras anécdotas.
Subvenciones a detalle
En el primer año de la legislatura actual, las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados ascendieron a casi 860 millones de pesos.
Aunque los legisladores han presentado planes de austeridad y han hecho compromisos públicos para gastar de manera más eficiente, el monto asignado en el primer cuatrimestre de la legislatura actual (septiembre a diciembre de 2015) se incrementó 38 por ciento con respecto al monto asignado en el último cuatrimestre de la legislatura anterior (mayo a agosto de 2015).
Con esto se demuestra que las subvenciones de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados han aumentado de forma constante.
En la legislatura 2009-2012, las bancadas de la cámara baja erogaron un monto aproximado de 2 mil 615 millones de pesos por este concepto y en la 2012-2015, el monto aproximado fue de 3 mil 671 millones, un incremento de 40 por ciento.
Senado caro
El reporte de Integralia señala que las subvenciones de los grupos parlamentarios del Senado han aumentado de forma sistemática en los últimos años sin que exista justificación para ello.
Según el Informe de la Cuenta Pública de 2012, las subvenciones se han incrementado hasta 43 por ciento de un año a otro, “y se ha registrado un incremento de 252.6 por ciento equivalente a 756,972.3 miles de pesos entre los años 2000 (299,664 miles de pesos) y 2012 (1,056,636.3 miles de pesos).
Comisionitis
El Congreso mexicano cuenta con 56 comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados y 64 en la Cámara de Senadores y de acuerdo a Integralia se trata de un número excesivo que coloca al Senado mexicano como la cámara alta con más comisiones en el mundo y a la Cámara de Diputados como la tercera cámara baja con más comisiones.
Con frecuencia, el surgimiento de más comisiones obedece a un fenómeno de clientelismo legislativo: dar cargos y estructuras burocráticas a legisladores para su promoción política personal con cargo al erario y a la eficiencia del trabajo legislativo.
Además de las comisiones ordinarias, el Congreso ha creado muchas “especiales”. La Cámara de Senadores constituyó 15 de ese tipo y la de Diputados otras 44. Además, el Congreso cuenta con cinco comisiones bicamerales. Si se suman todas las comisiones del Congreso de la Unión se llega a la cifra de 184.
Bajo esta lógica, la multiplicación de las comisiones entorpece el trabajo legislativo, duplica funciones y con frecuencia genera lentitud en el proceso de dictaminación porque una iniciativa es enviada para su estudio a varias comisiones cuya materia se traslapa.
Además del exceso de comisiones, se observa un funcionamiento deficiente. De las 44 especiales en la Cámara de Diputados, la comisión encargada de dar seguimiento a los hechos ocurridos en Ayotzinapa es la única instalada. El resto, 43, creadas el 29 de abril de 2016, no se han instalado.
Asimismo, con frecuencia las comisiones no cumplen con sus obligaciones reglamentarias como presentar sus planes de trabajo y sus informes anuales, así como sostener reuniones mensuales en el caso de la Cámara de Diputados.
Salvo una que se reunió en 24 ocasiones (la especial y conocida coloquialmente como Ayotzinapa), el resto de las 43 comisiones ordinarias incumplió con ese mandato del Reglamento, ya que no reportan haberse reunido.
Recomendaciones
Integralia propuso reducir el número de comisiones ordinarias y volver al mandato de la Ley Orgánica de 1999 que establecía 22 ordinarias para Diputados y 29 para Senadores.
Asimismo, se sugiere limitar la creación de comisiones especiales solamente para aquellos casos que por su trascendencia y urgencia requieren de un cuerpo que dé atención especial a algún tema de coyuntura.
Asimismo, es necesario reducir el monto de las subvenciones a los grupos parlamentarios y transparentar su uso.
“La reforma constitucional en materia de transparencia, así como la nueva Ley General de Transparencia, obligan a los grupos parlamentarios a abrir la información de sus ingresos y gastos”, sugiere Integralia.
