En entrevista para EL UNIVERSAL, el fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Almaguer, señaló que la línea que se consolida es que los agresores del restaurante ‘La Leche’ en Puerto Vallarta, en el que fue secuestrado el hijo de ‘El Chapo’ son sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como ellos se hacen llamar y que hasta el momento 26 personas han presentado su declaración.
El fiscal aseveró que no hay llamado de rescate y nadie ha presentado una denuncia por su privación ilegal de la libertad.
De por qué el hijo de Joaquín Guzmán y sus acompañantes eligieron estar ahí, aún se desconoce, dado que no han podido declarar las personas que estaban conviviendo. Hasta el momento han declarado 26 personas, la mayoría, trabajadores, prestadores de servicios, personal de restaurante.
El pasado lunes 15 de agosto había 16 comensales en el restaurante en una celebración: nueve mujeres y siete hombres, y uno de ellos abandonó el lugar segundos antes de que ingresaran los agresores, los cuales serían miembros del CJNG.
Además indicó que tuvieron comunicación con la PGR, de manera formal, por tratarse de delitos federales. “Y en ese sentido, la comunicación que tuvimos es que ellos estarían asumiendo la atracción de esta investigación y estaríamos trabajando de manera conjunta… y que se materializó hoy [el miércoles]”.
Sobre las mujeres acompañantes de los privados de su libertad, dijo que la Fiscalía está trabajando para establecer su identidad, toda vez que éstas se fueron del lugar.
Asimismo, el fiscal confirmó que hubo dos vuelos privados que salieron de Puerto Vallarta minutos después del hecho. Uno señala la bitácora de registro que saldría a la ciudad de León, Guanajuato; y otro a San Luis Potosí con siete pasajeros, con seis mujeres y un hombre, sin embargo, “el procurador de San Luis Potosí, tras realizar una indagatoria, nos indica que nunca llegó un vuelo procedente de Vallarta”.
Del ex escolta del ex gobernador Emilio González, dijo que aparece señalado o referido porque es titular de la empresa de seguridad privada a la que pertenece uno de los vehículos asegurados por la Fiscalía, de escolta.
La búsqueda de los jóvenes secuestrados se realiza en coordinación con las autoridades federales, con diligencias en Vallarta.
