La corte de los milagros
Rodolfo Ruiz R.
¿Qué tan seria cree que pueda resultar una compañía de seguros y fianzas o un corredor de seguros con apenas 3 empleados? ¿Le contrataría usted por cinco o seis años consecutivos un seguro de 18 o 20 millones de dólares anuales?
No sé usted pero yo —sin ser un especialista financiero egresado del ITAM o con estudios de maestría o doctorado en alguna prestigiada universidad de los Estados Unidos— tendría mis dudas o lo pensaría dos veces antes de cerrar una operación de ese tipo.
Pero más si al entrar al portal de la empresa, Alige Seguros y Finanzas, me entero que su presidente y director general es un señor de nombre Gerardo Millán Callado, cuya misión, visión y filosofía es un recetario de lugares comunes y frases sobadas y cursis como:
“Nuestra pasión se define por la constante búsqueda del bienestar y protección de nuestros clientes y asociados, sus vidas nos inspiran” o “Nuestra visión es lograr ser la empresa de seguros y fianzas que proporcione las mejores opciones y beneficios brindando a nuestros asesores y clientes, la oportunidad de construir un presente y planear un gran futuro”.
Sin embargo en el gobierno del estado piensan diferente. El ex secretario de Finanzas y hoy jefe de la oficina del gobernador, Roberto Moya Clemente, no ha reparado en esos pequeños detalles.
Pues de lo contrario no se entiende cómo de 2011 a 2015 —por recomendación suya—, la administración morenovallista le ha contratado 91.4 millones de dólares —equivalentes a 1 mil 205 millones de pesos al tipo de cambio actual— por concepto de un seguro contra desastres naturales que cuando se requiere no se hace efectivo.
Debo aclarar que la información del corredor y la empresa aseguradora no me fue proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), que inexplicablemente sigue manteniendo en la opacidad estos y otros datos sobre el seguro de desastres naturales, el monto que éste cubre y el deducible que habría que pagar en caso de que fuera necesario hacerlo efectivo, sino por una fuente altamente confiable.
¿Por qué esta información que debería ser pública se oculta con tanto celo? ¿Qué riesgo para la estabilidad política o la seguridad nacional tendría que la SFA diera a conocer el nombre de la compañía aseguradora, el monto de la póliza y el alcance de la cobertura?
¿O es que de veras es cierto que la cobertura de este mecanismo de protección del estado contra desastres naturales sólo es de 30 millones de dólares?
Son preguntas, que conste.
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