Cuitlatlán
Por: Fermín Alejandro García
Un punto clave para que ahora sí el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD y la Comisión Nacional Jurisdiccional del partido tomen en serio la solicitud de expulsión de seis morenovallistas es que un alcalde presentó de manera oportuna, ante el CEN perredista, una grabación en la cual se escucha a un supuesto funcionario de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Puebla haciendo con mucha claridad y precisión una serie de amenazas en las cuales le advierte al edil que si no apoya a la coalición Sigamos Adelante –durante la pasada campaña electoral– el Congreso se las van a cobrar con sus cuentas públicas.
El contenido de esa grabación parece ser un guión exacto de lo que pasó la semana anterior: el Congreso inició procedimientos contra un grupo de ediles del PRD –que apoyaron la campaña de Roxana Luna Porquillo como aspirante a la gubernatura– sin que les presentaran los dictámenes y pese a que algunos de ellos ya habían solventado las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado.
Dentro del CEN perredista causó mucho malestar que primero se conociera la grabación y luego el Congreso actuara tal como lo menciona en el audio el supuesto funcionario de la SGG, razón por la cual hasta los propios aliados del gobernador Rafael Moreno Valle dentro del PRD han reaccionado con mucho enojo por lo ocurrido.
Siendo el caso de Beatriz Mojica, la secretaría general del PRD e integrante de la corriente Nueva Izquierda, a la cual pertenecen la mayoría de los perredistas morenovallistas y sus líderes son los principales aliados del gobernador de Puebla. La dirigente del partido del sol azteca se sumó a la denuncia –la semana pasada– de que los procedimientos contra los alcaldes se trata de una vil venganza política por el absurdo de apoyar la campaña electoral del partido al que pertenecen.
La presentación de ese audio puede dar un giro de 180 grados a la relación que una parte del CEN perredista siempre tenía con los asuntos de Puebla, o mejor dicho con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
En abril pasado se presentó la solicitud de suspensión de derechos del legislador Luis Maldonado Venegas y otros cuatro morenovallistas, entre ellos Jorge Benito Cruz Bermúdez, Carlos Martínez Amador y Julián Rendón, por apoyar la campaña del PAN y sus aliados, lo cual significaba una deslealtad hacia el PRD. En esa ocasión no pasó nada por los aliados del gobernador.
En la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD para que procediera ese recurso lo tenía que aprobar por mayoría cuatro de sus miembros, de los cuales uno pertenece a la corriente Nueva Izquierda y otro a la de Nuevo Foro Sol, que es la expresión de Julián Rendón, quienes siempre impidieron que dicho órgano pudiera sesionar para analizar la solicitud contra los perredistas morenovallistas que presentó Socorro Quezada Tiempo, líder local de dicha fuerza política.
Ahora desde el CEN perredista se ha asesorado a Socorro Quezada Tiempo y a otros dirigentes locales del partido para que presenten un recurso legal contra la propia Comisión Jurisdiccional del PRD, y de esa manera la petición de suspensión de derechos contra los morenovallistas se pueda trasladar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Más allá de que prospere o no ese recurso, se dice que entre los integrantes de las principales corrientes del PRD si están de acuerdo en que ahora si avance el segundo recurso que ha presentado la dirigencia estatal del partido contra los legisladores locales Carlos Martínez Amador, Ignacio Mier Bañuelos y Julián Rendón.
A los tres legisladores se les acusa de actuar en contra de la militancia del PRD, por el asunto del inicio de procedimientos contra ediles perredistas.
Además de ir en contra las políticas que dicta la dirigencia estatal del PRD en Puebla, ya que los legisladores tendrían que haber consultado con la dirección de su partido el sentido de su votación en el Congreso.
Los argumentos son muy claros: un diputado del PRD puede votar contra la cuenta pública de un alcalde perredista si hay sustento de que cometió un mal manejo del erario.
En cambio, lo acontecido la semana pasada tiene como antecedente la amenaza grabada de un supuesto funcionario de la SGG, por un lado, y por otro hay las anomalías de que los diputados –como borregos– votaron sin conocer los dictámenes contra los ediles y que no se tomó en cuenta la solventación que los ediles ya habían presentado.
Las consecuencia de lo que ha pasado no se limita al tema de la permanencia o no de los morenovallistas en el PRD.
Sino que viene a dificultar, cada vez más, el proyecto personal de Rafael Moreno Valle Rosas de ser el constructor de una alianza entre el PRD y el PAN en torno a una candidatura común para la elección presidencial del año 2018.
Al convertirse Moreno Valle en un represor de un grupo de alcaldes del PRD, se ha echado encima los argumentos necesarios para que al interior de esa fuerza política se le rechace como un interlocutor válido para negociar una alianza con el PAN.
Los procedimientos contra los ediles perredistas, aunque parezca contradictorio, ha resultado ser una anotación a favor de las corrientes del PRD que son opuestas al morenovallismo y quieren frenar una alianza con el PAN camino a la elección de 2018.
