La Corte de los Milagros
Por: Rodolfo Ruiz
Algo raro, muy raro, viene ocurriendo en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso local y la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Da la impresión que se trata de un asunto de mutuas complicidades en beneficio de funcionarios estatales y el alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, y su hermano José Guillermo Margarito, quien también fue alcalde en el trienio 2002-2005.
De entrada no deja de sorprender que el viernes el Congreso del estado haya aprobado un dictamen elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del estado por el cual se establece que Guillermo Paisano no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron en la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2003 y por la cual ya había sido sancionado.
Sobre todo después de que el auditor David Villanueva Lomelí le había anticipado a Leoncio Paisano que su hermano sería multado con más de 100 millones de pesos e inhabilitado del servicio público por otros 12 años.
Otra cuestión que llama la atención es la negativa del Ayuntamiento sanandreseño por publicar la nueva carta urbana del municipio, pese a los cerca de tres millones de pesos que se han gastado en su actualización.
La gestión de Miguel Ángel Huepa Pérez pagó 2 millones de pesos al despacho del arquitecto Mauricio Romano del Valle para que revisara y modernizara la carta urbana, y el gobierno Leo Paisano contrató a un segundo despacho, al que le pagó 800 mil pesos, para que hiciera el mismo trabajo.
Tal situación, se dice, ha permitido al alcalde Leoncio Paisano, a su hermano Guillermo y algunos de sus principales colaboradores, manejar con discrecionalidad el otorgamiento de usos de suelo -comerciales, mixtos y residenciales, sin apegarse a los criterios de densidad vigentes-, la expedición de licencias de construcción y el canje de áreas de donación.
La construcción de un Centro Integral de Servicios (CIS) y un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) en el predio denominado Xaltepec es otro asunto extraño en la relación entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula.
Extraño porque la construcción de ambos inmuebles, a cargo de la administración morenovallista, se lleva a cabo en un predio que formalmente no pertenece al estado, ni al municipio de San Andrés, y en el cual se han invertido más de 20 millones de pesos.
Leoncio Paisano tiene que explicar quién autorizó y cómo se otorgaron los permisos para edificar un CIS y un CESSA en un terreno del que aún no existen escrituras a favor del municipio cholulteca.
Otro tema que tampoco se entiende es por qué el gobierno del estado no sólo ha sido tan complaciente con el ayuntamiento de San Andrés para liberar los predios afectados por la construcción de la Radial que cruzará la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, sino qué ha tolerado que los Paisano hagan negocio con los afectados por esa vialidad, pagándoles de más, condonando el pago de adeudos e impuestos, negociando licencias de construcción y cambios de uso de suelo, o la construcción de recámaras o locales comerciales.
Dicha obra, para la que existe un monto autorizado de casi 38 millones de pesos, de los cuales 26.5 millones serán aportados por el gobierno del estado dentro del programa 70-30, está detenida desde diciembre de 2014.
La Radial tendría que haber iniciado en enero de 2015 y haberse concluido en seis meses; sin embargo la obra continúa detenida por los moches que los Paisano tratan de obtener en las negociaciones con el centenar de supuestos afectados por la construcción de esa vialidad en San Bernardino Tlaxcalancingo, lo que tiene hartos molestos a los vecinos de esa junta auxiliar.
¿Hasta qué punto está tolerancia y benevolencia del Congreso local hacia los Paisano está supeditada a los permisos que el ayuntamiento de San Andrés ha dado para la construcción de 4 kilómetros de calles laterales en ambos sentidos de la Vía Atlixcáyotl a partir de la caseta de cobro? ¿Con quién están vinculadas las constructoras e inmobiliarias favorecidas con usos de suelo y licencias de construcción que la gestión de Leo Paisano ha otorgado o está por autorizar para decenas de terrenos ubicados después de la caseta de cobro, a los que ahora se podrá acceder por las laterales que ahí se construyen? ¿A poco los únicos beneficiados son los Posada Cueto y sus socios de Proyecta? ¿No será que entre los favorecidos por el ayuntamiento de San Andrés hay también varios funcionarios estatales a través de sociedades anónimas y prestanombres? Conste que son preguntas.
En corto.
Con la novedad que cinco de los siete consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) decidieron, por recomendación del presidente del organismo Jacinto Herrera Serrallonga y la exmagistrada Claudia Barbosa Rodríguez, recurrir a los servicios del despacho Reyes y Castillo Consultores para su defensa ante el Instituto Nacional Electoral (INE), frente a las denuncias promovidas en su contra por diversos partidos políticos acusándolos de parcialidad a favor de la coalición Sigamos Avanzando.
Entre los socios de la firma figura el abogado Iván Castillo Estrada, quien además de haberse desempeñado como secretario de estudio y cuenta en diversos Tribunales Colegiados de Circuito y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es amigo del esposo de la consejera y exmagistrada Claudia Barbosa. Me refiero a Rubén Enrique Becerra Rojas-Vertiz, exvisitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asesor del presidente del organismo.
Cada consejero pagará por su defensa ante el INE la módica cantidad de 100 mil pesos. Los únicos consejeros que decidieron defenderse al margen del despacho Reyes y Castillo Consultores son Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José Luis Martínez López.
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