Cuitlatlán
Por: Fermín Alejandro García
Rodrigo Riestra Piña fue el artífice de desplazar a los anteriores concesionarios de verificentros y de beneficiar a los actuales, así como de no regular el servicio al tener acéfala la Dirección de Calidad del Aire por casi un año, por lo cual no resulta nada congruente, o mejor dicho es un acto de cinismo, que el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) anuncie que actuará con severidad contra los centros de verificación cuando él es el principal responsable del desastre que, desde marzo de 2014, se vive en torno a este tema.
Si el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas tuviera realmente voluntad política de poner en orden el sistema de verificación vehicular y en el control de la contaminación del aire, obligatoriamente tendría que despedir a Rodrigo Riestra, ya que es el culpable de las deficiencias y abusos que se sufren en dicha materia.
Riestra anunció que habrá un plazo de 30 días para que todos los verificentros de Puebla funcionen y los que han sido sancionados por la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), solventen las observaciones que se les han hecho, pues si no lo hacen serán cerrados.
Antes de salir a hacer esos anuncios, Riestra tendría que explicar por qué si son nuevos los verificentros y se abrieron bajo un supuesto esquema de modernización, de mayor eficiencia, ahora resulta que están en peores condiciones que los que funcionaron hasta el año 2014.
Queda claro que Riestra es quien ha solapado a los actuales concesionarios de los verificentros, ya que antes de que interviniera la Profepa nadie, absolutamente nadie, se dedicaba a revisar el funcionamiento de tales establecimientos, que no tienen calibrados ni auditados sus equipos.
Dicho de otra manera, que antes de la intervención de la Profepa nada impedía otorgar calcomanías de no contaminación a automotores que sí ensucian.
Hasta antes de que interfiera la Profepa, Riestra tuvo 11 meses acéfala la Dirección de Calidad del Aire, que se supone es la que revisa los verificentros.
En su momento este columnista denunció esa situación, en dos ocasiones. La primera indicando que llevaba 10 meses acéfala la Dirección de Calidad del Aire. La segunda, que casi todos los funcionarios del área de protección del medio ambiente se habían ido a la campaña del PAN.
En ambas ocasiones la SDRSOT me contestó que no pasaba nada, que todo era producto de mi mala leche y todo funcionaba casi a la perfección.
A un par de meses de esas contestaciones, se exhibe que la SDRSOT ha otorgado impunidad a los concesionarios de la verificación vehicular, quienes están estrechamente ligados a los intereses económicos –de un negocios de 600 millones de pesos anuales– de políticos morenovallistas y de Jorge Kahwagi, ex líder nacional del Panal.
Las huellas de Riestra
Un fin de semana de marzo de 2014, sin respetar los protocolos de las revisiones, personal de la SDRSOT clausuró 10 verificentros, sin darles derecho de audiencia a los propietarios.
El argumento es que no habían pagado un refrendo del servicio, mismo que esa dependencia propició, desde un año antes, que no se pudiera cubrir por los interesados. Con ese tipo de artimañas en los próximos meses se obligó al cierre de los 86 centros de verificación del estado, que desde 2008 habían estado sometidos a un proceso de homologación de normas con la capital del país.
Quienes encabezaron ese primer asalto a 10 verificentros fueron Rodrigo Riestra, en su calidad de subsecretario de la SDRSOT, junto con el veterinario José Luis Cortés Penedo, quien era director de Calidad del Aire y un personaje cercano al morenovallista José Cabalán Macari, quien es primo de Jorge Kahwagi.
Esa acción se hizo a espaldas de Mario Rincón, quien era el titular de la SDRSOT y se aprovechó su ausencia de la ciudad de Puebla para que se pudiera cerrar los verificentros con arbitrariedad, y de esa manera el secretario no pudiera frenar el operativo.
Luego de que se ahorcó a los anteriores concesionarios, a quienes les cerraron por varios meses los establecimientos sin darles oportunidad de recuperar equipos, mercancías y archivos, en lo oscurito se entregaron la autorización a los nuevos centros de verificación vehicular, bajo un esquema de licitación que solamente podía ser ganado por empresarios del Distrito Federal y el estado de México, que son plazas dominadas por Kahwagi y personajes con el problema en el cumplimiento de las normas ambientales.
Al mismo tiempo, se obligó que los nuevos verificentros compraran sus equipos –por 138 millones de pesos– en las empresas Herramientas y Equipos Industriales Quintana –que está ligada a Jorge Kahwagi– e Ingenium Work, sin que hubiera licitación o una explicación de esa condición.
Todo eso pasó bajo la batuta de Rodrigo Riestra y José Luis Cortés Penedo, de quienes se dice que actuaron bajo órdenes recibidas desde Casa Puebla.
Por eso es un absurdo que Rodrigo Riestra primero sea el autor del desastre de los verificentros, y ahora sea quien los va a meter al orden.
