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Delegados federales, la vergüenza de Peña Nieto en Puebla
Garganta Profunda
Por Arturo Luna Silva
Las delegaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto en Puebla son las más notorias vergüenzas de la administración federal priista, pues no representan con decoro al presidente de la República y tampoco sirvieron en el pasado proceso electoral para ayudar a su candidata a la gubernatura. De hecho, Blanca Alcalá debe gran parte de su derrota a estos funcionarios inútiles y poco comprometidos, solamente dedicados a hacer negocios en las dependencias que manejan mayores presupuestos o, instalados en su zona de confort, a cobrar sus sueldos.
No hay ahí políticos de peso.
Los únicos que tienen cierto nivel están impugnados al interior de su partido y el grupo de Alcalá los ve como "traidores": el exdiputado federal y expresidente estatal del PRI, Juan Manuel Vega Rayet, en la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, Enrique Doger Guerrero.
Entre estos delegados y delegadas hay quienes enfrentan procesos administrativos que desembocarían en sus ceses, como Ana Isabel Allende Cano, a quien se le dio la delegación de la Secretaría de Gobernación (Segob), como salida decorosa del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.
Como ya he dado cuenta, Allende enfrenta un proceso ante el Órgano Interno de Control de la Segob por varias irregularidades, entre las que se encuentran la utilización de la estructura de la Delegación con fines electorales y la acusación de extorsión a alcaldes, entre otras anomalías.
El caso Barahona.
Un caso similar es el de la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de la Rosa, quien está peleada con toda la clase empresarial del estado, además de que ha incurrido en excesos administrativos y personales.
Barahona está bajo investigación de la propia STPS por haber asistido a un acto de campaña de Alcalá, por lo que para Navarrete es poco más que impresentable, al menos por el momento.
También Sagarpa y Prospera.
Otro caso de desorden administrativo y deslealtades se vive en la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de la que salió el "coordinador alterno" de la desastrosa campaña priista, Alberto Jiménez Merino.
En esa dependencia, una de las que junto con Sedesol y la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reparte más recursos, llegó a finales de marzo un exzavalista y exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Puebla, Hilario Valenzuela Corrales, quien no ata ni desata y, como tiene muchas actividades personales en la Ciudad de México, se ausenta constantemente.
Su mayor problema es la falta de liderazgo, la que ha sido aprovechada por el subdelegado agropecuario, Héctor Ochoa González, quien a sus espaldas asegura que él solito hace "90%" en la Sagarpa.
En un tema aparte y como herencia de Jiménez Merino, está el adeudo de más de siete meses de sueldo a los becarios, la estructura paralela con que opera la delegación y que recibe sus pagos a través de un esquema de Prestación de Servicios Profesionales.
Por su parte, la delegada de Prospera, Graciela Juárez García, enfrenta una serie de denuncias penales ante la Fepade por haber lucrado electoralmente con los programas del gobierno federal, a fin de favorecer al PRI. De hecho, su cinismo prendió focos rojos en las oficinas centrales de Prospera, donde a mitad de la campaña fue llamada a cuentas y "congelada", con el fin de no entorpecer las investigaciones. No sería raro que en cualquier momento fuera cesada.
