4 reveses jurídicos hacen necesario el despido de los consejeros electorales de Puebla

Cuitlatlán

Por Fermín Alejandro García

Para que haya credibilidad en el resultado de las votaciones del próximo 5 de junio necesariamente tienen que ser removidos los siete consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), pues llevan cuatro reveses jurídicos producto de su unánime parcialidad a favor de la guerra sucia emprendida por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas contra sus dos principales críticas: Roxana Luna Porquillo y Ana Teresa Aranda Orozco.

Los miembros del Consejo General del IEE han rebasado todos los excesos cometidos por los órganos electorales de los últimos 20 años, periodo en que el país y el estado de Puebla entraron en la llamada normalidad democrática.

El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este miércoles no es algo menor, al advertir que el IEE violó el derecho constitucional del PRD y de su candidata Roxana Luna Porquillo de poder participar en una contienda electoral, lo cual es algo inédito.

Desde que a Ana Teresa Aranda, a principios de los años 90, le intentaron negar el registro de candidata del PAN a la alcaldía de Puebla, bajo el argumento de que no era ciudadana poblana, nunca más se había visto una situación en la que no se dejara contender a una fuerza política legamente constituida y con sus derechos políticos a salvo.

Entre la última década del siglo XX y la primera del actual siglo, la hegemonía política del PRI provocaba que hubiera procesos electorales inequitativos, por el desmesurado financiamiento del tricolor y la escasez de fondos de sus contrincantes, pero nunca existió una situación en que se le negara la participación a la oposición, tal como ahora si lo intentaron hacer los miembros del IEE en contra el PRD y su abanderada Roxana Luna Porquillo, así como contra la aspirante a ser candidata ciudadana, Ana Teresa Aranda Orozco.

Todos los obstáculos legales que les han impuesto a las dos opositoras han sido derrumbados en las instancias judiciales, ya que no tienen soporte legal. Queda claro que tales conflictos obedecen a la estrategia de Rafael Moreno Valle Rosas de obligarlas a que se pasen litigando toda la campaña electoral como una manera de impedir que hagan un adecuado proselitismo en el estado en contra de la administración morenovallista.

Lo grave de esta situación, es que los miembros del IEE son parte de la estrategia morenovallista y no respetan las formas mínimas para no evidenciarse como parte el equipo de guerra sucia del gobernador.

El IEE es un órgano administrativo que únicamente tiene la facultades de organizar las votaciones, vigilar el desarrollo de las campañas y de los comicios, pero no es una autoridad jurisdiccional destinada a interpretar la ley en la materia o buscar llenar vacíos legales.

Y eso es lo que ha hecho el IEE, razón por la cual lleva cuatro juicios perdidos por esos excesos de sus consejeros, de querer acomodar la ley para que ésta responda a los intereses de Moreno Valle.

Sin contar que entre los siete consejeros existe una uniformidad de criterio brutal y nunca se percibe alguna discrepancia. Es decir, todos son una especie de alfiles electorales del gobernador Moreno Valle. Nadie debate nada ni busca que las resoluciones se apeguen al sentido común.

El IEE perdió un juicio por la obligación que impuso de que los aspirantes a candidatos independientes a utilizar un formato digital para presentar las firmas de quienes los apoyan.

Un segundo, fue que le echaron abajo su disposición –plasmada en una convocatoria– que quienes respaldan a los aspirantes a ser candidatos sin partido político tienen que pertenecer a dos terceras partes del territorio del estado.

Un tercer fallo fue el que ha frenado las pretensiones del IEE de quitarle el financiamiento electoral del PRD y por ende el registro de candidata a Roxana Luna Porquillo.

El cuarto es la persecución casi policiaca que el IEE quería desatar contra quienes firmaron en apoyo a Ana Teresa Aranda Orozco.

Lo que está pasando no se agota en el ámbito local. Lo que está en juego no sólo es la credibilidad del proceso electoral de Puebla, sino la autoridad ética del Instituto Nacional Electoral.

Con la última reforma electoral ahora el INE tiene autoridad sobre los miembros del IEE, y por ende tiene el primer órgano que atender los excesos que han cometido los consejeros electorales de Puebla: Jacinto Herrera Serrallonga, Alejandra Gutiérrez Jaramillo, Juan Pablo Mirón Thomé, José Luis Martínez López, Claudia Barbosa Rodríguez, Flor de Thé Rodríguez y Federico González Magaña.

Si el INE no destituye a los consejeros electorales de Puebla estará lanzando el mensaje de que está de acuerdo que el IEE sea un órgano al servicio de Moreno Valle.

También que el INE en lugar de proteger la legalidad, transparencia y equidad de los procesos electorales en los estados, se dedica a solapar los excesos de los gobernadores.

Si eso ocurre, entonces hay que empezar a sospechar que en 2018 no habrá una elección federal legal y transparente, al haber un INE que protege los privilegios políticos por encima de los derechos ciudadanos.