El Funcionario Violador (un Caso para Sigmund Freud)

La Quinta Columna por Mario Alberto Mejía

Hay personas a las que respeto que me han hablado muy bien de Daniel Anteliz.

Es una buena persona -me juran-, un buen ser humano.

Lo cierto es que su paso por la Secretaría General del Ayuntamiento de San Andrés Cholula dice todo lo contrario.

Anteliz -es literal- se siente el poder tras el trono.

Y no sólo vocifera a los cuatro vientos que Leo Paisano sólo hace lo que él dice, sino que desde su llegada a la Secretaría General ha pisoteado al Cabildo.

Siempre que tiene oportunidad -y la tiene muy seguido- se burla de los regidores a sus espaldas y trata de exhibirlos por sus limitaciones.

Insólito: se siente superior al propio Cabildo.

Desde su llegada a San Andrés se ha vuelto una práctica institucionalizada la modificación de dictámenes y actas de Cabildo.

Adivinó el hipócrita lector: Anteliz modifica a su antojo la voluntad del cuerpo colegiado que gobierna el municipio.

(Es otro de los muchos Varguitas que todos los días llegan al poder).

Algo es también cierto: ya perdió la cabeza.

Se siente un señor feudal que mangonea al alcalde Leo Paisano y al Cabildo, y que denuesta frente a ellos al gobernador Moreno Valle.

Lo suyo -Freud dixit- es sólo un tema de frustración acumulada y rencor.

(Si a los seis años alguien le hubiera dicho "te quiero" esto no estaría pasando).

Pese a que su director jurídico, Josué García, le ha explicado que la modificación de dictámenes y actas de Cabildo le pueden acarrear implicaciones jurídicas, nuestro personaje no entiende y sigue actuando, dirían los abogados, "de forma contumaz y testaruda".

Más allá del diván psicoanalítico, está obsesionado en sentirse el vice-alcalde todopoderoso.

Las dudas matan: ¿Cuántos acuerdos ha alterado? ¿Cuántos de esos acuerdos alterados ponen en riesgo el patrimonio del municipio? ¿Cuántas de las actas de Cabildo modificadas traerán procesos legales contra el Ayuntamiento? Estos actos de gobierno, que han sido tocados y modificados por el secretario general, tendrán consecuencias jurídicas que a su vez acarrearán varias confrontaciones legales de particulares contra el Ayuntamiento.

Y es que al ser actos que están viciados de origen, debido a las violaciones procedimentales, no pueden engendrar derechos.

El Poder Judicial Federal ha emitido amplios y suficiente criterios al respecto.

Por tanto, al violarse los procedimientos con la alteración de las actas y los acuerdos de Cabildo, las autoridades judiciales pueden declarar la inexistencia de un acto sin que se requiera precepto legal que otorgue facultades para tal estimación de inexistencia.

El asunto es serio y grave.

Anteliz no ha entendido que legalmente sólo puede hacer aquello que tienen como atribución como secretario general.

Con sus ilegales acciones viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 49 y 50, pues su actuación no se ha sujetado a los principios de legalidad, honradez y eficiencia.