Diputados ignoraron dictamen de límites territoriales elaborado por universidades

El Congreso de Puebla pagó 1.5 millones de pesos para que 4 universidades se encargaran de realizar estudios para la mejor solución del conflicto territorial entre Puebla y San Andrés, sin embargo la inversión se fue a la basura pues no se utilizaron para la constitución del dictamen final

El Congreso de Puebla tiró a la basura los 1.5 millones de pesos que pagó a 4 universidades para que se encargaran de realizar diversos estudios para la solución del conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula, toda vez en el dictamen final no se consideró la opinión académica y los legisladores nunca conocieron los documentos.

La Comisión de Gobernación, presidida por la diputada Josefina Buxadé, tuvo en sus manos los estudios de las universidades el 20 de noviembre, pero —de acuerdo con el calendario de sesiones— no convocó a sesión para dar a conocer la opinión de los académicos e integrar el decreto final que establecería los límites entre ambos municipios.

Fue hasta el 6 de diciembre cuando la diputada se presentó en la Comisión con el decreto ya resuelto en el que se fijó entregar 3.81 kilómetros de la zona en disputa a Puebla y 4.71 al municipio de San Andrés Cholula, según denunciaron los legisladores del PRI, Gerardo Mejía y Lauro Sánchez.

En entrevista, Gerardo Mejía acusó que durante la sesión de la Comisión de Gobernación se solicitó a la legisladora por el PAN los resultados de los estudios realizados por las universidades, y acusó que Buxadé fue tajante al decir que no se los iba a entregar.

El 23 de septiembre, el Comité de Adquisiciones del Congreso local aprobó una partida por 1.5 millones de pesos para que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encargue del estudio geográfico; la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), del socioeconómico; la Escuela Libre de Derecho, del análisis jurídico y la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), del análisis histórico.

Los estudios debían ser entregados el 5 de noviembre, sin embargo la Comisión de Gobernación entregó una prórroga para que fueran entregados 15 días después.

De acuerdo con lo publicado el sábado por El Sol de Puebla, en el decreto final que fijó los límites entre Puebla y San Andrés se establece que el criterio para la repartición del territorio fue el valor catastral:

''El valor del suelo debe ser la variable clave para medir la equidad en la superficie de delimitación del territorio”.

El 6 de diciembre, cuando fue avalado el dictamen final en el Pleno, los legisladores priistas acusaron la opacidad en la resolución del conflicto limítrofe Puebla-San Andrés, orquestado, según dijeron, por el panista Mario Riestra, pues acusaron que el dictamen les fue entregado sólo dos horas antes de su aprobación.