Consienten abusos de grupos inmobiliarios en Puebla

¿Por qué en Puebla no se respeta la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable ni la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas, que exigen a los fraccionadores y desarrolladores de vivienda la donación, a título gratuito, de hasta el 20% del área neta que construyan?

¿Por qué si la capital poblana, según la Organización Mundial de la Salud, tiene un déficit de más de seis metros cuadrados de área verde por habitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Puebla es omisa en el cumplimiento de ambas legislaciones, al aceptar porcentajes de donación muy por debajo del 20%?

¿Por qué si en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla de 2013 se prohibió expresamente la permuta de áreas de donación por pagos en especie o en efectivo, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Desarrollo Urbano lo siguen haciendo?

¿Por qué el ayuntamiento de Puebla no clausura al menos cinco fraccionamientos residenciales autorizados entre 2011 y 2013 que aún no pagan ni cumplen con la entrega de áreas de donación?

¿De qué privilegios gozan los propietarios de los fraccionamientos Los Cipreses (Grupo Constructor Bemaro), Rinconada Amparo (Javier Adolfo Barron González), Edificio RS-28 (Inmobili e Construzione) y Torrecillas (Galpin Construcciones), entre otros, para no cumplir con el porcentaje de terreno que deben donar a título gratuito para área verde?

¿Por qué si el artículo 67 de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas establece que el área de donación es del 20%, la Secretaría de Desarrollo Urbano —a cargo de Felipe Velázquez Gutiérrez— acepta porcentajes mucho menores o pagos muy por debajo del valor comercial o catastral de los terrenos?

¿Por qué esta administración no cumplió con la actualización del Programa de Desarrollo Urbano Municipal, que debe revisarse cada cinco años, si el programa vigente es de 2007?

¿Quiénes son influyentes socios de la empresa LT Real State S.A. de C.V., constructora de fraccionamientos como La Cima en la ex hacienda de San José Mayorazgo, que se dio el lujo de donar al Ayuntamiento de Puebla —durante la gestión de Blanca Alcalá Ruiz— un predio de 10 mil metros cuadrados, colindante con el relleno sanitario de Chiltepeque, que ni siquiera le pertenecía?

¿Por qué a Felipe Serafín se le permitió terminar un edificio sobre la avenida Teziutlán Sur, en la colonia La Paz, frente a las instalaciones de Radio Oro, que no sólo violentó las densidades y coeficientes de ocupación de la zona, sino que invadió espacio público y se pasó por el arco del triunfo la Ley de Fraccionamientos?

¿No que nadie por encima de la Ley?

Conste que son preguntas.

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Tres exfuncionarios municipales del ayuntamiento de Puebla están por enfrentar una demanda civil por la venta fraudulenta de un terreno de 650 metros cuadrados, ubicado sobre el Periférico Ecológico a altura de la gasolinera de Ciudad Judicial.

El predio se vendió, con engaños, al empresario Carlos Antonio Magaña, que en Puebla tiene los derechos de la franquicia Equipos y Albercas Igui Sol Azul, y que lo adquirió para montar ahí una sala de exhibición de sus albercas residenciales.

El primer engaño es que el terreno carece de uso comercial, como le habían dicho incluso con el cuento de que uno de los socios tenía previsto montar ahí una nueva franquicia del taller de servicio de mantenimiento automotriz Midas. Y el segundo es que el predio tiene un derecho de afectación de 25 metros de fondo, por encontrarse dentro del derecho de vía del Periférico Ecológico.

Los copropietarios del inmueble son Enrique “Kio” Chávez Estudillo, Humberto Vázquez Arroyo y Héctor Sulaimán Safi, quienes lo adquirieron en 2010 mediante una extraña compra-venta que estuvo antecedida de un juicio de usucapión.

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