No son una, dos ni tres, sino 12 las empresas –de México, Estados Unidos, Sudamérica e incluso Europa- que hasta el momento se han inscrito al proceso de licitación internacional lanzado por el gobierno del estado para concesionar –que no privatizar- hasta por 20 años el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.
Una fuente cercana al proceso señala que se espera sea en diciembre próximo cuando se conozca la decisión del comité técnico encargado de analizar las propuestas técnicas y económicas y elegir a la más conveniente para el Estado.
El gobierno morenovallista recibió un SOAPAP quebrado y saqueado, con una deuda estimada en más de 3 mil millones de pesos y múltiples problemas en cobranza, infraestructura y operación, que mediante un aceitado mecanismo de corrupción hicieron millonarios a sus últimos tres directores generales, en especial a Eduardo Macip Zúñiga, uno de los peces gordos del marinismo que incluso tuvo que huir y exiliarse un tiempo en Miami para que no lo alcanzara la mano de la justicia.
Gracias a un complicado proceso de reingeniería, el organismo lleva 12 meses funcionando con números negros y ha empezado a reducir la carga de su deuda, en especial la fiscal. El SOAPAP podría quedarse como está y sobrevivir cómodamente lo que resta del sexenio; sin embargo, más temprano que tarde volvería a ser técnicamente inviable, dada la urgencia de realizar fuertes inversiones para garantizar el servicio de suministro de agua potable a todos los poblanos, poco acostumbrados, por cierto, a pagar lo que consumen, sobre todo quienes viven en fraccionamientos de lujo.
De ahí que el modelo al que recurrió el gobierno fue el de la concesión, que aprobó recientemente el Congreso del estado en medio de ruido, mucho ruido, provocado más por los intereses económicos de grupos particulares que por la ignorancia de la mayoría de los diputados sobre el verdadero fondo del asunto. Concesionar no es lo mismo que privatizar, como lo prueba el hecho que desde hace varios trienios el servicio de recolección de basura en el municipio de Puebla esté concesionado, que no privatizado, sin ningún problema.
Ni las tarifas van a aumentar de costo ni el agua, que ciertamente es un bien nacional, pasará a manos extranjeras, como aseguran a gritos los críticos de escritorio enamorados de su añoso discurso.
El SOAPAP necesita ser total y definitivamente rescatado y reconvertido en una empresa eficiente y competitiva, que ofrezca calidad, cantidad y cobertura total a los poblanos. El Estado, por múltiples razones, no puede hacerlo, porque de entrada no cuenta con los recursos que se requieren para ello, y por eso es necesaria la intervención de una empresa especializada, en una operación de ganar-ganar.
De ahí la importancia de la licitación que ya se desarrolla bajo estrictas medidas de confidencialidad y transparencia, y en la que como digo 12 empresas están participando.
De hecho, para que no haya ninguna duda sobre el fallo, dos reconocidos testigos sociales están vigilando desde el principio todos los procedimientos del caso para que al final, de forma paralela, emitan un dictamen sobre la legalidad, certeza y confiabilidad de la decisión del comité técnico.
Se trata de la consultora Aregional y de la Organización no Gubernamental Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, que gozan de alta credibilidad social y que avalarán o reprobarán el proceso, con el fin de que la concesión sea otorgada a quien ofrezca mejores soluciones y cirugía mayor, no sólo una aspirina, al terrible problema que representa el SOAPAP, siempre en función del mejor interés para Puebla.
¿Así o más claro?
