Que muy en lo oscurito —y con la amenaza de que los filtradores serían sancionados—, Jorge Muñoz Carballeda ya tomó posesión de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del estado, en sustitución de José Mariano Casas Sánchez.
Y como se lo había adelantado, este polémico funcionario —que en el sexenio marinista fue objeto de diversas denuncias de corrupción, nepotismo y venta de plazas magisteriales— no llegó solo a la Dirección, sino en compañía de un grupo de funcionarios con un pasado tan o más tormentoso que el suyo.
¿Y la Contraloría? Bien, gracias.
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Que el ex secretario de Educación Pública del estado en el sexenio de Mario Marín Torres, Darío Carmona García, es ni más ni menos —por increíble o inverosímil que le parezca— que el encargado de depurar la nómina magisterial y llevar el censo de escuelas y maestros en toda la entidad, que pretende acabar con los aviadores o los comisionados, que cobran como docentes cuando en realidad están asignados a tareas sindicales, políticas o electorales.
¿Ahora entiende por qué Darío Carmona se mueve como pez en el agua en la SEP, en la SF y en la SGG, a pesar de su tormentoso pasado marinista?
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Que el Congreso del estado, a petición de la organización Actívate por Puebla y el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), podría abrir en la segunda quincena de octubre un foro de consulta popular para la reglamentación de las candidaturas independientes, que en la entidad entrarán en vigor hasta los comicios locales del 2018.
La intención es que la sociedad civil proponga no sólo cambios al Código Electoral del estado en esta materia, sino cuál debe ser el porcentaje de firmas de adhesión sobre el padrón electoral que un ciudadano debe obtener para poder registrarse como candidato independiente.
En la sesión en la que se aprobó esta reforma a la Constitución del estado, para adecuarla a la federal, la bancada de Nueva Alianza propuso que el porcentaje fuera del 2 por ciento, pero la presidenta de la Comisión de Gobernación, la panista Josefina Buxadé Castelán, sugirió elevar el requisito a 5 por ciento, y argumentó que en Zacatecas exige un mínimo de 15 por ciento.
Puebla, según el presidente de la Junta de Gobierno de la LVIII Legislatura, fue el quinto estado en aprobar esta reforma después de Zacatecas, Quintana Roo, Querétaro y Yucatán.
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Que en Ayotoxco de Guerrero hay preocupación por la Cabalgata que se organiza el viernes 4 de octubre, con motivo de la feria de este municipio de la Sierra Nororiental de Puebla, por la participación que en ella habría de grupos rivales de ganaderos y rancheros de los estados de Puebla y Veracruz.
A decir de fuentes confiables, entre los cabalgantes estaría gente involucrada con algunas bandas dedicadas al el lavado de dinero a través de la compra de ranchos, el abigeo, el secuestro y las extorsiones en esta región del país.
Entre ellos los llamados huarachudos encabezados por Trinidad —o Trino— Mendoza, aliados con los Segura y los Picaso de Veracruz, que controlan algunos municipios como Papantla y Coxquihui, y que mantienen una añeja rivalidad con los zetas asentados en Tlapacoyan y Martínez de la Torre.
