Dejan en la impunidad compras irregulares en la SSPTM

Uno de los grandes problemas que enfrenta el ejercicio de auditoría de las cuentas públicas es que no se apliquen sanciones a funcionarios. Es decir, que la impunidad prevalezca sobre cualquier cosa.

Lamentablemente eso ocurrió en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Puebla en donde el contralor Santiago Martínez no quiso, no pudo o no supo aplicar sanciones contra ex funcionarios de la citada dependencia capitalina.

Resulta que la Auditoría Superior de la Federación halló anomalías en las reglas 6.2.1 y 6.2.2 del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública de la cuenta pública 2008 (en el trienio de Enrique Doger).

En particular, los auditores federales pidieron al contralor de Eduardo Rivera Pérez que iniciara un “procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, adquirieron un lote de playeras por 12.4 miles de pesos para el personal de comunicación social y área médica, que no cumplen funciones directas de seguridad pública”.

Pese a que los auditores federales ya habían realizado todo el trabajo de documentación de las anomalías y el trabajo de Santiago Martínez era iniciar el procedimiento, nada de eso ocurrió.

En diciembre de 2012 el contralora de Eduardo Rivera respondió a la Auditoria Superior de la Federación que no pudo iniciar el procedimiento de determinación de responsabilidades en contra de nadie porque simplemente ya habían prescrito sus atribuciones.

Aquí la respuesta de Santiago Martínez: “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria CM-061/2013 Mediante el expediente de Actuaciones de fecha 10 de diciembre del 2012, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, concluye que han prescrito las atribuciones negativas con las que por Ley cuenta, para sancionar conductas ilícitas cometida”.

Sin duda que la impunidad es el peor de los males del trabajo de fiscalización porque de nada sirve hallar anomalía sino existe el castigo correspondiente.

El contralor Santiago Martínez deberá dar una explicación del por qué no actuó como lo ordenó la Auditoria Superior de la Federación.

Un caso de impunidad en el que lamentablemente ya no se puede hacer mucho porque faltó voluntad en el gobierno capitalino.