Ediles de la sierra quieren heredar alcaldías a sus familiares

Unos a través de las coaliciones Puebla Unida o 5 de Mayo, otros usando incluso al partido Pacto Social de Integración (PSI), por lo menos cuatro presidentes municipales de la sierra noroccidental podrían entregar el poder a sus hijos, hermanos o sobrinos, de resultar electos el próximo 7 de julio.

Son los alcaldes priistas Benjamín Silva Cuevas de Ahuazotepec; Nicolás Galindo Pérez de Jalpan y Jorge Valencia de Venustiano Carranza, además del expriista y ahora petista Noé Garrido de Chiconcuautla, quienes lograron colocar como candidatos a alguno de sus familiares, según se aprecia en los registros publicados por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

AHUAZOTEPEC

Aunque no pudo hacerlo candidato de su partido, el PRI, el seis veces presidente municipal de Ahuazotepec, Benjamín Silva Cuevas, consiguió que su hijo Benjamín Silva Franco fuera postulado por la coalición Puebla Unida, conformada por el PAN, PRD, Panal y Compromiso por Puebla.

A decir de los pobladores de este municipio, don Benja como popularmente se conoce al alcalde y empresario del transporte nunca ha dejado de ejercer el poder porque él designa a sus sucesores. Ejemplo de ello es su sobrino Gerardo Silva Vergara (1999-2001) y sus ahijados, Bernardo Gustavo Ramírez (2002-2005) y Raymundo Olvera Muñoz (2008-2011).

A pesar de esto, se desconocen las razones por las que no pudo amarrar la postulación priista para su vástago, especulando que entre sus negativos estuvo su prolongado cacicazgo y el hecho de que en noviembre de 2012 se hubieran encontrado varios tráileres, plataformas, tolvas y otros vehículos al parecer robados, en un predio que el alclade aseguró que es propiedad de su esposa, pero lo había rentado a su yerno Carlos Ruiz Aguilar.

Esta vez, consideran, el edil no se quiere arriesgar a perder, como le sucedió cuando postuló a su cónyuge Cristina Franco Garduño y, por ello, aunque su hijo es candidato de Puebla Unida, también apoya a su sobrino Gerardo Silva Vergara, quien abandera al PSI.

OPORTUNOS OLVIDOS

En el olvido del Partido del Trabajo (PT) quedaron los señalamientos que en abril de 2012 hizo el diputado local Zeferino Martínez Rodríguez contra el edil de Chiconcuautla, Noé Garrido Hernández, a quien acusó de formar parte de “un grupo delincuencial que va tras la obra pública y los recursos que maneja la CDI” y postuló a su hermano Claudio Garrido Hernández para que lo suceda en el cargo en este municipio serrano, considerado como uno de los más pobres del país.

Antes de buscar la candidatura para su hermano en el PT, Noé Garrido Hernández, intentó que compitiera a través de la coalición Puebla Unida y de acuerdo con denuncias presentadas por militantes del PRI, el alcalde se hizo del consejo municipal electoral al designar a “funcionarios públicos (del ayuntamiento) de confianza” como encargados del mismo.

Y aunque Noé fracasó en su intento de hacer a Claudio candidato de Puebla Unida, el Partido del Trabajo le abrió las puertas para que pueda prolongar su mandato, al que el mismo dirigente petista Zeferino Martínez calificó alguna vez como “una mafia” y lo acusó de haber usado a su partido para llegar al poder, ya que “después de las elecciones nunca lo volvimos a ver. Ni a las capacitaciones fue”.

LOS NICOS

Llevado al poder municipal por Antorcha Campesina, organización de la que se distanció desde el inicio de su gestión, el priista Nicolás Galindo Pérez logró que su partido, el Revolucionario Institucional, postulara a su hijo Nicolás Galindo Márquez como candidato a la presidencia municipal de Jalpan, en la sierra baja.

Sobre don Nico pesan ahora varias denuncias, una de ellas impulsada por el síndico municipal, Vicente de la Cruz Ferrer, quien ante la Contraloría del estado lo acusó por el presunto desvío de recursos públicos para darle gusto a su hijo en su afán de sucederlo en el poder.

El síndico aseguró que don Nico no ha permitido a los regidores que ejerzan su cargo “ya que quien gobierna desde ahorita es el hijo del presidente municipal y de ganar la elección, la verdad es que sería una reelección, porque Nico chico se empalagó con el poder”.

LA ESTIRPE EN LA CAPITAL POBLANA DEL PETRÓLEO

Rafael Valencia Ávila es el tercero de los hijos de la michoacana Fe Ávila, que consecutivamente podría gobernar el municipio de Venustiano Carranza, ya que compite como candidato del PRI por la presidencia de este lugar.

Rafael es hermano de Vicente Valencia Ávila, quien fue alcalde en el periodo 2008-2011 y fue sucedido por el actual edil, Jorge, de los mismos apellidos.

Originarios de Aguililla Michoacán, los Valencia Ávila fueron denunciados penalmente en junio de 2011 por miembros del Consejo Ciudadano de la junta auxiliar de Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) que se oponían a Gerardo Neri González fuera “impuesto como edil auxiliar” y se abrieron las averiguaciones previas 544/2011/DMZS y 129/2011/VLC, luego de que fueran desalojados violentamente de una protesta.

En marzo de 2013, el diputado del Panal, Enrique Nácer, acusó al expresidente municipal de Venustiano Carranza, Vicente Valencia Ávila, de querer comprar “inmunidad” a través de la entrega de dinero para que las cuentas públicas del año 2010 y 45 días del año 2011 de su gestión fueran aprobadas por la Comisión Inspectora del Congreso del estado.

Vicente Valencia reconoció tener cuentas públicas pendientes en la Auditoría Superior de Puebla (ASP) pero rechazó los señalamientos del legislador panalista y dijo que podría ejercitar alguna acción legal en su contra “por las difamaciones de que fue objeto”.

Mientras que en febrero del año pasado, el actual alcalde Jorge Valencia Ávila fue acusado por Manuel Flores Castillo y Victorio Ávila de “jinetear” los recursos entregados en el año fiscal 2011 por Petróleos Mexicanos para la ejecución de varias obras municipales debido a que Venustiano Carranza es una de las tres demarcaciones poblanas que forman parte del yacimiento Aceite Terciario del Golfo o Paleocanal de Chicontepec.

Los representantes de los pobladores demandaron la reparación de carreteras, caminos vecinales y redes de drenaje deterioradas por las actividades de extracción de crudo que se realizan en la zona. Su demanda está por cumplir dos años, sin que haya sido atendida.