CDHE recomienda cárcel para policías de Eduardo Rivera

El inicio de procesos penales en contra de los policías que realizaron el operativo de desalojo de los integrantes del movimiento #YoSoy132 la madrugada del 15 de septiembre de 2012 en el zócalo, recomendó la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHE) al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez.

Luego del análisis de los expedientes 10147/2012-C, 10443/2012-I, 10445-2012-I y 10449/2012-I, los cuales fueron abiertos en torno a las 20 quejas presentadas por los detenidos en dicha fecha, el organismo concluyó “que elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y al trato digno”.

Esto porque hubo abuso de la fuerza, los tiempos para la disposición de los detenidos fue mayor a lo estipulado en las normas, además de que la presentación ante los Juzgados Calificadores fue “negligente, ya que en el supuesto de que todos los detenidos habían cometido la misma infracción”.

Por lo tanto, el pasado 28 de febrero del año en curso se emitió una serie de recomendaciones a las autoridades municipales, entre las que destaca entregar todos los expedientes correspondientes a la Procuraduría General de Justicia para abrir averiguaciones previas en contra de los efectivos involucrados.

Solicita procesos en Contraloría por falta de videos

Además de esto, la CDHE pide dar vista a la Contraloría municipal para emprender procesos administrativos contra quien resulte responsable de la omisión en la que incurrió la administración municipal al no entregar los registros de las cámaras de vigilancia instaladas en el zócalo, los cuales podrían aportar elementos a la investigación.

De acuerdo con los detalles de la recomendación, se indica que la comisión solicitó en cuatro ocasiones estos videos, la primera el 25 de septiembre. Sin embargo, fue hasta principios de diciembre cuando la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió un oficio en el que se indica que estos registros se borran después de 30 días, por lo que ya no se tenían imágenes del operativo.

Esto fue considerado como una actitud omisa por parte de las autoridades, la cual deberá ser investigada por la Contraloría, como lo establece el documento de la comisión.

Borrar antecedentes de los detenidos

Otras acciones que deberá implementar la autoridad municipal consisten en capacitaciones para los elementos que se vieron involucrados en los hechos, así como la generación de volantes en los que se expliquen las formas adecuadas para proceder contra los infractores detenidos.

También se ordena que se borre del Registro de Infractores municipales toda la información relacionada con los detenidos.

Por último, la comisión solicita al titular de la SSPTM, Amadeo Lara Terrón, generar un protocolo de disposición masiva de infractores, en el cual se establezcan procedimientos que respeten la dignidad de las personas.

SSPTM no ha sido notificada: Lara Terrón

Si bien en el documento, disponible ya en la página de la comisión, se establece que la autoridad municipal tiene 15 días hábiles para notificar que acepta la queja, hasta la fecha ésta no ha sido presentada de manera formal al ayuntamiento, según lo señaló Amadeo Lara Terrón, quien agregó que “en principio” se implementarán las medidas que establezca el organismo de derechos humanos y reiteró que la actuación de los elementos involucrados fue con apego a la ley y que se respetaron los derechos fundamentales de los detenidos.

“No hubo ninguna detención que no se documentara”, las cuales fueron supervisadas por autoridades distintas a la municipal, puntualizó Lara Terrón al defender el operativo del 15 de septiembre, en el cual se arrestaron a 57 personas –dos de las cuales no formaban parte del movimiento #YoSoy132-.

Cabe recordar que los manifestantes se instalaron en el zócalo desde el 13 de septiembre de 2012 en protesta por los resultados de la elección de julio, con la cual Enrique Peña Nieto alcanzó la presidencia de la República.

La autoridad solicitó a los protestantes desalojar la plaza, pues se tenían que hacer los preparativos para las fiestas patrias, y ante la negativa se llevó a cabo una movilización policíaca la madrugada del 15 de septiembre.