Crean grupo de autogobierno en el penal de San Miguel
Una herencia que dejó el ex secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, y que hasta ahora el gobierno del estado no muestra el más mínimo interés de desarticular, es que en el penal de San Miguel existe un autogobierno que es controlado por ocho internos, que llegaron ahí acusados de fraudes masivos, homicidios, secuestros y asaltos a mano armada. Ellos son quienes dominan la venta de alimentos, bebidas y medicamentos; hacen cobros ilegales, exigen cuotas por el uso de sanitarios, ponen orden entre la población carcelaria y son quienes deciden que reclusos son trasladados a otra prisión o son segregados.
El pasado 12 de diciembre un grupo de familiares de internos de San Miguel presentaron una denuncia por escrito ante la Dirección de Reclusorios y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que todavía era encabezada por Vargas Fosado –quien ahora es el comisionado del Instituto Nacional de Migración– para exponer el funcionamiento de ese autogobierno.
La respuesta fue el silencio cómplice de las autoridades y nadie ha hecho algo para corregir las anomalías de esa prisión.
Dicho autogobierno ha sido solapado por el director del penal, Juan Roberto Montes Rivero, quien fue colocado en esa posición por Vargas Fosado. El funcionario prácticamente ha entregado el control total de dicho centro de readaptación social a ese grupo de internos.
El problema de esta situación, se denuncia en una misiva –de familiares de internos– que se hizo llegar a este columnista, es que el ambiente en el penal cada vez es más violento y eso amenaza con desatar un motín. Sobre todo porque hay un sector mayoritario de reclusos que ya no soportan los malos tratos y la constante alza de precios de todos los productos que ahí se comercializan como si fuera cualquier tianguis de la capital.
Según esa denuncia, los integrantes del autogobierno lo componen los siguientes internos:
1. Carlos Ariel Martínez Pérez, quien pertenece al dormitorio N, y es uno de quienes estarían a cargo de la organización de un sistema de préstamos y cobro de dinero en efectivo dentro del penal. Él a su vez está subordinado a los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, quienes están encarcelados por los fraudes de Sitma e Invergroup.
2. Los dos hermanos Tiro Moranchel se apoderaron del área escolar del penal y ahí, con todas las facilidades que les da el director, entran personas que sufrieron sus fraudes o sus representantes legales para negociar con los ex financieros un posible arreglo.
3. Rolado Martínez, quien es integrante del dormitorio M 24 y está acusado de homicidio y robo a mano armada, se destaca por ser el “brazo derecho” del director del penal.
Su función es estar todo el día en el patio de la prisión y meter orden cuando surgen riñas entre los presos. También atiende las solicitudes de los internos que se organizan para pedir algún beneficio o servicio a las autoridades de la prisión.
Además, Rolado Martínez –dicen los quejosos– tendría “concesionado” el servicio de lavandería, venta de productos de la marca Bimbo, los sanitarios y la instalación de “casitas” que se arman con cobijas en el patio de la prisión para que los internos puedan recibir a sus familiares o puedan tener relaciones sexuales sin ser molestados.
4. Raúl Peñaflor Velasco –del dormitorio N– es quien goza de la mayor confianza del director y se encarga de organizar las reuniones que tienen los internos que forman parte del autogobierno de la prisión, en las cuales se decide que reclusos son sancionados, de manera temporal, mediante la segregación en celdas de castigo o de manera definitiva mandándolos a otras prisiones en el estado.
Se dice que es tanto el poder de Peñaflor Velasco que ha llegado a golpear a los internos cuando se considera que cometieron faltas. Eso es posible porque cuenta con la protección y respaldo de los custodios.
5. Juan Manuel Machorro vive en el dormitorio M 23 y está acusado de secuestro y homicidio. Él labora en un comedor –llamado Guadalupano—de la prisión y al mismo tiempo, se dedica a preparar alimentos especiales, así como servir bebidas alcohólicas y botanas, para los internos que son parte del autogobierno y a los directivos del penal.
6. Alfredo Hernández Rivera también pertenece al dormitorio M 23 y labora en el comedor Guadalupano, pero a diferencia de Machorro, en lugar de ser servicial se caracteriza por ser violento y hacer gala de su fama de presunto homicida. En ese sentido es quien maltrata a muchos internos y es quien les cobra el pago de deudas.
Actualmente han proliferado varios “negocios” en el penal, de venta de diversos productos y servicios. Los internos que los atienden deben de pagar, a los del autogobierno, cuotas de mil a 3 mil pesos semanales.
7. Leonel Zaragoza, del dormitorio M 20, es el único integrante del autogobierno que ha sido castigado.
Se dice que actualmente purga una sanción en una celda segregada luego de que se habría demostrado que extorsionaba a un interno de la prisión, quien logró que la denuncia llegara a funcionarios del gobierno del estado.
Dicen que el poder del autogobierno está creciendo tanto, que las autoridades carcelarias antes de tomar decisión, primero consultan a los miembros de ese poder fáctico.
Y tal parece que esa situación no se corregirá hasta que estalle un motín, tal como ha pasado en el norte del país.
