Entre los magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial del estado comenzó a circular esta semana una amplia carta que revela los riesgos de juzgar o procesar a miembros de la delincuencia organizada.
La misiva está suscrita por Adrián César Vázquez Ávila, ex secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Penal en la ciudad de Puebla, quien fue secuestrado el pasado 23 de noviembre de 2010, un día antes de que se resolviera la situación jurídica de 11 inculpados del Cartel de Tepito, acusados de los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.
Tras su liberación en la ciudad de Nuevo Laredo, agentes de la PGR lo trasladaron vía aérea al estado de Puebla, donde fue puesto a disposición de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (Dadai), a cargo entonces de Felipe Morales Escamilla.
En lugar de ser atendido médica y psicológicamente por las heridas y traumas que sufrió durante su secuestro, Vázquez Ávila fue incomunicado, torturado y sometido a un interrogatorio de más de seis horas para que confesara supuestos nexos con grupos del crimen organizado, actos de corrupción de su jefe, el ex juez Alberto Miranda Guerra, y el mensaje que a través de su persona habían enviado sus secuestradores al gobernador Mario Marín Torres.
Estas vejaciones fueron denunciadas por el secretario de Acuerdos al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, León Dumit Espinal. Éste minimizó el asunto y le dijo que el Tribunal no podía apoyarlo económicamente, por lo que tenía que pedir una licencia sin goce de sueldo en lo que se reponía de sus lesiones y se tranquilizaba, advirtiéndole que tenía prohibido acudir a medios de comunicación para hablar de delincuencia organizada.
Durante su licencia el Issstep lo dio de baja, situación que lo llevó a promover una queja administrativa y una querella por responsabilidad médica después de que a sus dos menores hijos les negaron el servicio.
Al fenecer su licencia en marzo de 2011, fue reubicado en el Juzgado Décimo Primero Civil y más tarde enviado Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, pero perdiendo su antigüedad de diez años y sin que el Poder Judicial le costeara viáticos y hospedaje.
Sin embargo las persecuciones y amenazas de muerte del crimen organizado y sus aliados no cesaron. En septiembre de 2011 fue acosado por Eduardo Miguel Romero Corona, dueño de la constructora Consorcio Técnicos Inmobiliarios de Tlaxcala, vecino del fraccionamiento Bosque de la Calera y cuñado de la ex presidenta municipal de Puebla y actual senadora Blanca Alcalá Ruiz.
Y en noviembre de 2011 otros dos hombres, tipo escoltas, lo persiguieron hasta su domicilio en una camioneta negra tipo Yukon, acción de la que también fue víctima su guardia personal Enrique Almeda Álvarez, quien poseía el grado de Policía Primero en la corporación dirigida entonces por Ludivino Mora Tejeda.
Las tribulaciones del ex secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Penal en la ciudad de Puebla no terminan ahí. Lo más grave es que las denuncias que presentó en contra de los policías ministeriales que lo torturaron, de las personas que lo persiguen y amenazan, y de los funcionarios de la PGJ y el Poder Judicial —como el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, David López Muñoz— que lo presionaron a denunciar por corrupción al que fuera su jefe, el ex juez Alberto Miranda Guerra— están congeladas o desaparecidas.
Entre estas figuran las registradas con los siguientes números de averiguaciones previas CH-2830/2011/CENTR en contra del cuñado de Blanca Alcalá, Eduardo Miguel Romero Corona; la 388/2012/SEXTA de la Sexta Agencia del Ministerio Público, Tercer turno, de la ciudad de Puebla, presentada el 19 de febrero de 2012 por amenazas de muerte; la 569/2012/SEXTA de fecha 9 de marzo de 2012 en contra de diversos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia; y la AP/PGR/PUE/PUE-II/0261/2012 .
El 5 de marzo de 2012, el infortunado Adrián César Vázquez Ávila pidió mediante oficio copias certificadas de la indagatoria relativa a su secuestro. Su petición fue denegada por el titular de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto de la PGJ, Fernando Rosales Solís, quien le contestó que en los libros de gobierno y bases de datos de la Procuraduría no existían registros sobre su secuestro, por lo que no podían expedirle las copias que requería.
En otras palabras: que oficialmente jamás fue secuestrado.
