A la subdelegada de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Mónica Hernández Cuesta, sus malos tratos podrían costarle algo más que la chamba si la querella interpuesta en su contra por usurpación de funciones públicas y de profesión, prospera en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el estado.
Resulta que la funcionaria fue denunciada el pasado 25 de julio por un par de trabajadores del gobierno federal —Angelita Hernández Hernández y José Javier Montes Lozano—, molestos por los gritos y ofensas que les hizo días antes cuando acudieron a las oficinas de la Delegación del Issste a gestionar el pago de su liquidación.
Sin embargo, estos no le presentaron una queja administrativa por abuso de autoridad y malos tratos, como era su intención original, sino una denuncia por usurpación de profesiones, debido a que la subdelegada de Prestaciones Económicas del Issste se ostenta y firma documentos oficiales como licenciada en administración, pese a carecer de título y cédula profesional como tal.
Los hechos constan en la averiguación previa AP-4396/2012/Centro, misma que está siendo integrada para consignación ante un juez penal, quien finalmente será el que decida o no liberar una orden de aprehensión en contra de la todavía funcionaria de origen norteño.
