Más allá de quién sea el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Puebla en el 2013, una cosa es clara: Blanca Alcalá Ruiz y Jorge Estefan Chidiac se perfilan para ser los grandes finalistas de ese partido en la puja por la gubernatura de Puebla para el periodo 2018-2024.
Cierto: falta mucho tiempo para el 2018, no obstante las cosas en la política suelen moverse con mucha anticipación.
Los apoyos de Blanca ya se han visto.
Algunos de ellos serán miembros importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto y otros más estarán entre los cuadros conductores del Senado de la República.
El propio Estefan ha sido su promotor más entusiasta: la llevó a las grandes ligas del PRI y la presentó con quienes la apoyaron para que fuera candidata al Senado.
Su condición de mujer –ella que no es “feminista”- podría influir para que los astros se le acomoden en el momento propicio.
El caso de Jorge Estefan es singular, una vez que hoy está convertido en uno de los priistas del Comité Ejecutivo Nacional con más y mejores credenciales.
De entrada, desde su posición de Secretario de Finanzas, pagó la deuda millonaria del partidazo y salvó al edificio del PRI de la ciudad de México, donde se asienta el CEN, de un eventual embargo.
(Dicha crisis fue la herencia maldita de Beatriz Paredes).
Hoy las finanzas del PRI son sanas y gozan de cabal salud.
Su virtual incorporación al próximo gobierno evidenciará el músculo de quien es, hoy por hoy, uno de los poblanos más cercanos a Peña Nieto.
La Respuesta del PRI y las Pifias de la Impugnación Lopezobradorista. Este lunes, el CEN del PRI dio a conocer su estrategia de defensa legal de las elecciones del 1 de julio.
En este espacio y en Operación Periodista, quien esto escribe le adelantó algunos aspectos de la respuesta formal a la impugnación presentada por el movimiento lopezobradorista.
Veamos:
Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI, aseguró que “nunca se contrató absolutamente nada con Soriana para tener monederos con recursos. En el caso de Monex (…) nosotros desconocemos la relación que tengan otras empresas con Monex, nosotros solamente tenemos trato para nuestro gasto ordinario con diferentes empresas financieras y en eso es nuestro día a día en la operación del partido”, señaló.
“Desconocemos lo que se plantea ahí de la relación con Monex y de unos recursos paralelos; cuando uno acusa tiene que probar, y las acusaciones que ahí se ponen no traen ningún sustento”.
En efecto: el domingo y el lunes publiqué que el PRI, “a través de una tercera empresa (que no es ni EFRA, ni Inizzio), tramitó las tarjetas de débito de Monex para hacerle llegar recursos económicos a los representantes priistas de casilla que acudirían a las zonas de alto riesgo” como Tamaulipas, Michoacán y algunos municipios de Chihuahua.
Y comenté que esos recursos “no forman parte de los gastos de campaña, una vez que están contemplados en el gasto ordinario de los partidos políticos”.
Pedro Joaquín Coldwell sostuvo que son falsas las acusaciones relacionadas con el supuesto rebase en los gastos de campaña, el caso de la presunta compra de voto con tarjetas de Soriana y la ilegalidad de los recursos empleados por Peña Nieto, temas que también abordé en mis columnas del domingo y el lunes.
La impugnación que el equipo de López Obrador interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también fue tema de la rueda de prensa del dirigente priista.
Vea usted lo que dijo: “No acreditan las pruebas necesarias, no vienen completas las pruebas. Damos una respuesta puntual a cada uno de ellos y (…) lo sustentamos con pruebas que dan fe de que el PRI, la Coalición Compromiso por México y el candidato Enrique Peña actuaron en apego a la ley”.
Algo similar dijo este lunes por la mañana, y en el noticiero de Carmen Aristegui, el analista político Sergio Aguayo.
Señaló que leyó las seiscientas cuartillas del recurso presentado y que detectó un mal trabajo de los abogados de López Obrador.
E hizo cuentas: los partidos que apoyan a López Obrador contaban con mil doscientos millones de pesos. No es posible que no hayan utilizado parte de esos recursos para pagarle a un buen número de buenos abogados que armaran un documento preciso, fundamentado y con pruebas fehacientes.
