Emplazará la Profepa a minera de Carlos Slim en Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), delegación en Puebla emplazó a la empresa Minera Frisco SA de CV, para que la tercera semana de julio rinda informe del proyecto de exploración que ejecuta en Tetela de Ocampo y saber si cumple con las autorizaciones que establece la ley, indicó el delegado Federico González Magaña.

Expuso que el personal de la dependencia realizó una visita de inspección en la zona a solicitud de los integrantes de la asociación civil Tetela Hacia el Futuro, “recibimos una denuncia referente al proyecto de extracción de oro y plata a cielo abierto, por considerarlo como una amenaza a la población y al medio ambiente”.

Durante el recorrido, González Magaña señaló que se pudo corroborar que los trabajadores de la empresa han barrenado distintas áreas para saber si hay o no minerales, lo cual aseguró que se encuentra dentro de la Norma Oficial Mexicana 120, y aseguró que el siguiente paso es un emplazamiento para que la empresa presente los permisos correspondientes entre los que debe estar la autorización por parte de la Secretaría de Economía para explorar las más de 10 mil 663 hectáreas concesionadas, así como el estudio de impacto ambiental y los trámites para el cambio de uso de suelo, ya que anteriormente era una zona forestal.

Aunque la ley establece un periodo de 60 días posteriores la visita para el emplazamiento, el funcionario federal mencionó que en este caso será antes de la fecha establecida, ya que “se apresurará el proceso, por que los habitantes consideran que de seguir el proyecto se pondría en riesgo la zona”.

En tanto que la empresa tendrá un periodo de 15 días posterior al emplazamiento para entregar la información, mientras que Profepa deberá determinar la situación en los próximos 60 días.

“Apenas estamos en el momento procesal, el estatus queda bajo la amenaza de daño, no el daño en concreto y como autoridad tenemos la obligación de atender la denuncia popular”, sentenció el delegado.

En caso de que hubiera alguna irregularidad en el proceso, González Magaña precisó que primero habría una infracción y posteriormente la clausura, “se ordena restaurar las cosas, pero no hemos llegado a ese momento”.