Detienen a secretaria del Bienestar de Uruapan por presunto encubrimiento en caso Carlos Manzo
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la aprehensión ocurrió durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones y que la funcionaria quedó a disposición de una jueza de control
Foto: Especial
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó la detención de Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo.
La aprehensión fue realizada por agentes de la FGE en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante un operativo efectuado en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan.
De acuerdo con la Fiscalía, en el lugar se ejecutó una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.
Tras su captura, Vargas Rauda fue puesta a disposición de la jueza de control que la requiere, quien deberá resolver su situación jurídica conforme a derecho.
La Fiscalía señaló que el procedimiento se lleva a cabo con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, por lo que la acusación en su contra permanece como una imputación que deberá ser determinada por la autoridad judicial.
El caso suma 34 personas detenidas
La detención de la secretaria del Bienestar ocurre en el marco de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas, en Uruapan.
Con la aprehensión de Vargas Rauda, suman 34 personas detenidas en relación con el homicidio, de acuerdo con el balance difundido por la Fiscalía de Michoacán.
La dependencia ha señalado que mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
La FGE también reiteró su compromiso con el esclarecimiento del homicidio, así como con la aplicación de la ley sin distinción de cargos o funciones públicas y con la coordinación entre instituciones de seguridad estatales y federales.