La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer con claridad que el tope máximo de las pensiones de exservidores públicos será equivalente al salario que percibe la titular del Ejecutivo federal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la modificación busca corregir una contradicción detectada en la reforma constitucional relacionada con la eliminación de las llamadas pensiones doradas, ya que la redacción vigente permitió interpretaciones distintas sobre el monto máximo que podían recibir algunos pensionados.
Sheinbaum señaló que la Consejería Jurídica recomendó precisar el texto constitucional para evitar ambigüedades y garantizar que el límite quede claramente establecido en el salario presidencial una vez que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Reforma busca eliminar contradicciones constitucionales
La presidenta indicó que, al aprobarse la reforma previa para eliminar las pensiones elevadas, quedaron plasmados criterios que podían interpretarse de manera distinta, por lo que la nueva iniciativa pretende otorgar certeza jurídica tanto a las instituciones como a las personas pensionadas.
Explicó que la orientación jurídica fue mantener como referencia el salario de la presidenta de la República para definir el monto máximo permitido, descartando que esta decisión represente un retroceso en la política de austeridad impulsada por el Gobierno de México.
Asimismo, enfatizó que actualmente ya no existen pensiones mensuales de hasta un millón y medio de pesos, como ocurría anteriormente, y sostuvo que la eliminación de esos beneficios permanece vigente.
Gobierno reporta ahorro por eliminación de pensiones doradas
Durante la misma conferencia se informó que la aplicación de los nuevos límites ha generado un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos para las finanzas públicas.
El Gobierno federal reiteró que la reforma constitucional tiene como propósito fortalecer el marco legal para impedir interpretaciones que permitan restablecer pensiones superiores al límite establecido y mantener el principio de austeridad en el servicio público.
Con esta modificación, la administración federal busca que el tope de las pensiones de exservidores públicos quede expresamente definido en la Constitución y evitar futuras controversias sobre su aplicación.
