El Gobierno de México endurecerá su respuesta frente a las muertes de connacionales ocurridas durante operativos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, al pasar de las protestas diplomáticas a una estrategia jurídica que incluye denuncias penales, demandas civiles y el acompañamiento legal a las familias de las víctimas.
El anuncio fue realizado por el canciller Roberto Velasco Álvarez, quien aseguró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum buscará que las investigaciones de estos casos sean tratadas como posibles hechos delictivos ante autoridades estadounidenses y no únicamente mediante la vía diplomática.
Velasco explicó que la decisión responde al incremento de fallecimientos de mexicanos relacionados con acciones del ICE. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 14 connacionales han muerto mientras permanecían bajo custodia de la agencia migratoria y otros tres fallecieron durante operativos de detención, por lo que el Gobierno considera que existen elementos suficientes para exigir investigaciones independientes y sanciones.
México recurrirá a la vía penal
Como parte de la nueva estrategia, la SRE solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Paralelamente, promoverá acciones civiles contra empresas privadas responsables de administrar algunos centros de detención donde ocurrieron varios de los fallecimientos.
El canciller sostuvo que la intención es que cada caso sea investigado a fondo para esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar posibles responsabilidades, además de garantizar que las familias reciban acompañamiento jurídico y consular durante los procesos.
El caso que detonó la respuesta
La decisión fue anunciada días después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que falleció tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Houston, Texas.
De acuerdo con la versión oficial estadounidense, el migrante habría embestido con su vehículo a los agentes cuando intentaban detenerlo. Sin embargo, el Gobierno mexicano exigió una investigación exhaustiva sobre el uso de la fuerza y las circunstancias del operativo, al considerar que no puede haber impunidad cuando un connacional pierde la vida durante una intervención migratoria.
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De las notas diplomáticas a los tribunales
Hasta ahora, la administración mexicana había privilegiado la vía diplomática mediante notas de protesta y gestiones consulares. No obstante, Roberto Velasco reconoció que esas acciones no han generado respuestas suficientes por parte de las autoridades estadounidenses, por lo que el Gobierno decidió judicializar los casos.
La nueva estrategia contempla acudir directamente a los tribunales estadounidenses para exigir investigaciones penales y responsabilidades civiles, además de fortalecer la coordinación con organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes legales de las familias afectadas.
Un contexto de mayor presión migratoria
El endurecimiento de la postura mexicana ocurre en medio del reforzamiento de la política migratoria en Estados Unidos y del aumento de operativos del ICE para detener y deportar personas en situación irregular.
Diversos organismos de derechos humanos han documentado denuncias sobre presunto uso excesivo de la fuerza, deficiencias en la atención médica dentro de centros de detención y condiciones de reclusión que han derivado en investigaciones tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.
Velasco reiteró que la protección de los mexicanos en el exterior será una prioridad para la política exterior del país y sostuvo que el Gobierno continuará utilizando todos los mecanismos legales disponibles para que las muertes de connacionales durante operativos o bajo custodia del ICE no queden impunes.
