La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión relacionados con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, son imprescriptibles, por lo que el paso del tiempo no impedirá que continúen las investigaciones y procesos penales contra posibles responsables.
El fallo fue respaldado por el Pleno de la Corte durante la sesión del 18 de junio de 2026 y derivó de la revisión de un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien argumentó que los hechos ya habían prescrito.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf, autora del proyecto, sostuvo que el caso representa una de las tragedias más graves contra la infancia en México y que las violaciones cometidas en perjuicio de las niñas y los niños afectados no pueden quedar impunes.
La resolución establece que los delitos derivados del incendio constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños, por lo que la acción penal no puede extinguirse por el transcurso del tiempo. La Corte señaló que el Estado incumplió su deber reforzado de protección de la infancia y que la magnitud de los daños le imprime al caso una dimensión de especial gravedad y trascendencia social.
El incendio de la Guardería ABC provocó la muerte de 49 niñas y niños y dejó a 106 menores con diversas lesiones, hechos que continúan siendo motivo de exigencia de justicia por parte de las familias de las víctimas.
Durante la discusión del asunto, las ministras recordaron la importancia de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas. Incluso se guardó un minuto de silencio en memoria de los menores fallecidos.
Con esta determinación, la SCJN eliminó el obstáculo jurídico relacionado con la prescripción de los delitos y devolvió el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente para que continúe el análisis del caso y emita una resolución definitiva bajo el criterio establecido por el máximo tribunal del país.
La decisión también abre la posibilidad de que continúen las investigaciones contra otros posibles implicados relacionados con la tragedia ocurrida hace 17 años.
