PAN presenta propuesta de reforma al Poder Judicial; plantea voto popular para elegir al titular de la CNDH

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una propuesta alterna de reforma al Poder Judicial, para fortalecer el sistema de justicia en México.

En conferencia de prensa desde el Senado, Marko Cortés indicó que se plantea que tres de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal se elijan por voto popular, con el objetivo de que a fin de se convierta en un órgano mixto.

Marko Cortés lanzó un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, para que la o el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sea electo por voto popular de todos los mexicanos.

“Esperamos que el presidente, que la presidenta electa acepten este reto y le dejen el derecho a la gente de elegir quién va a velar por la defensa del derecho humano, frente a un acto de gobierno arbitrario. Que no le saque el presidente, que no le saque la presidenta electa que haya en derechos humanos alguien que no controlen”.

Acompañado por legisladores y legisladoras del Congreso de la Unión salientes y entrantes, explicó que la propuesta plantea que el 75% de los puestos en el poder judicial sean ocupados por personal del servicio civil de carrera y el restante 25% por profesionales del derecho, que podrán ser externos.

El dirigente nacional del PAN, dijo que también se propone la creación de un Comité Técnico de Evaluación, que proponga las ternas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que esa atribución ya no quede en manos del o la presidenta de la República.

La propuesta del blanquiazul contempla establecer la figura de “jueces sin rostro” en los casos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o trata de personas y que sí haya justicia y los jueces no se vean amenazados de vida o sus familias.

Asismimo, destacó la importancia de crear una Escuela de Formación Judicial, que los órganos jurisdiccionales tengan un plazo de seis meses para la resolución definitiva de asuntos en materia civil, penal o mercantil y la garantía íntegra al derecho a la reparación integral del daño.

Marko Cortés enfatizó que se trata de una propuesta integral, por lo que pidió que sea discutida en comisiones y en el Pleno y se contraste con la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.