La diputada Esmeralda Reza pide aumentar sanciones por prácticas comerciales que incidan en aumento de precios

Con el propósito de aumentar las sanciones económicas y penales por conductas o prácticas comerciales abusivas que inciden en el aumento injustificado de precios de bienes y servicios, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del PAN, propuso reformar las leyes federales de Protección al Consumidor y de Competencia Económica, así como la Ley de Infraestructura de la Calidad y el Código Penal Federal.

Mediante una iniciativa turnada a las comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Justicia, para dictamen, plantea modificar el artículo 253 del Código Penal Federal para imponer prisión de cuatro a 11 años y de 300 a mil 500 días de multa, a los actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional.

Además, en el artículo 254 Bis, sugiere cárcel de seis a 11 años, y de mil 500 a 15 mil días de sanción a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos de agentes económicos competidores entre sí.

En lo que respecta a la Ley Federal de Protección al Consumidor, propone reformar el artículo 128 BIS para los “casos particularmente graves”, aumentar los plazos de clausura total y parcial hasta por 90 días y establecer multas que pueden llegar a siete millones 855 mil pesos.

También plantea modificar el artículo 155 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, para que la sanción sea de seis mil a 22 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Para la Ley Federal de Competencia Económica propone, entre otras reformas, imponer multa hasta por el 15% de los ingresos del agente económico, por incurrir en una práctica monopólica absoluta; y hasta del 12%, por una concentración ilícita.

El porcentaje de incremento que se propone en cada una de las sanciones que se establecen en las normas objeto de modificaciones, es del 50%, partiendo de la coincidencia y el conocimiento de que las medidas de apremio y sanciones que establecen estas normas deben ser particularmente más altas para inhibir las malas prácticas de proveedores y empresas”, se detalla en exposición de motivos.

Indica que reformar las disposiciones que sancionan dichas prácticas, en específico al que incremente precios injustificadamente, protegerá a los consumidores y frenará la especulación de bienes y servicios por parte de quienes constituyan un poder sustancial en el mercado.

Establece elementos disuasivos para evitar prácticas anticompetitivas que afecten a las y los consumidores, garantizar sana competencia en todos los mercados y fortalecer la competitividad de los sectores productivos.

De ahí que considere necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervenga y castigue el aumento injustificado de precios de bienes y servicios, pues eso perjudica al consumidor.