La Industria de Protección de Cultivos coincide con lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de ayer, en el sentido de que el uso del glifosato no puede cancelarse de manera tajante, porque “no se tiene todavía una opción alternativa, vamos a decir, un producto natural, biológico, que ayude a aligerar y abaratar este procedimiento productivo”.
El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, dijo que dejar de usar este herbicida que sirve para controlar las malezas “afecta principalmente a los pequeños agricultores, esos que trabajan el 60 por ciento de la superficie agrícola, que no tienen las herramientas necesarias, que utilizan estos productos para bajar sus costos y tener mayor rendimiento en sus cultivos.”
González Cepeda recordó que el glifosato es utilizado en más de 120 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia y miembros de la Unión Europea y que organismos reguladores como la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la ECHA, concluyó en mayo de este año, que no está justificado clasificar al glifosato como cancerígeno”.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, CAADES, Marte Nicolás Vega Román dijo que “cualquier producto que se use en el campo, sea químico u orgánico, debe estar autorizado y regulado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para garantizar que su uso no represente un riesgo a la salud del agricultor, del consumidor, ni para el medio ambiente.”
Ambos directivos coincidieron en que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt debe ofrecer alternativas al uso del glifosato que permitan mantener la producción de los cultivos, tal como lo establece el decreto publicado el 31 de diciembre de 2020, que ordena la reducción gradual del glifosato y su prohibición para enero de 2024.
Los presidentes de UMFFAAC y CAADES, también señalaron que, si se suspende de manera tajante el glifosato, las consecuencias serían muy graves: los productores pequeños y medianos ya no tendrían una herramienta eficaz para proteger sus cultivos, se afectaría la producción de granos tan importantes como el maíz, esto incrementaría el precio de la tortilla, además de otros alimentos de origen animal, todo lo cual impactaría el precio de los productos de la canasta básica y, además, se tendría que aumentar la importación de granos básicos para cubrir la demanda del país.
