Tren Maya: ordena juez suspensión definitiva de las obras del tramo 5

El juez federal Adrián Fernando Novelo Pérez ordenó la suspensión definitiva de las obras que se realizan en el tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Playa del Carmen, en tanto el juicio no sea resuelto.

En abril pasado, el mismo juez había ordenado la suspensión provisional de los trabajos en ese tramo, que comprendían la tala de selva virgen, debido a la falta de permisos ambientales.

De esta manera, el juez ha fallado a favor de un grupo de expertos, académicos, buzos y artistas que denunciaron desde el inicio de las obras un daño irreversible al medioambiente.

Además de los árboles talados, el grupo denominado #SélvameDelTren también ha mencionado el daño que se provocaría al sistema de cenotes, ríos subterráneos y cavernas de la región, así como a la fauna.

Ante la primera suspensión ordenada por el juez federal del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, el Gobierno apeló a un decreto emitido en noviembre del año pasado, en el que se designó al Tren Maya como un asunto “de seguridad nacional”.

De esta manera, la administración de Andrés Manuel López Obrador pretendía desconocer los requisitos que requiere toda obra para ser realizada en el país, principalmente la manifestación de impacto ambiental, con la que no contaba.

No fue sino por la presión de los activistas, expertos, buzos y artistas preocupados por el ecosistema de la Península de Yucatán que Fonatur, dependencia encargada de la obra, presentó dicho documento.

En la manifestación de impacto ambiental, Fonatur reconoce una afectación “crítica” derivada, entre otros factores, por la deforestación de más de 485 hectáreas de selva virgen. El documento no ha sido avalado aún por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por su parte, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez manifestó que “si bien la sociedad está interesada en el desarrollo de vías de comunicación, de igual manera lo está en que ello se desarrolle sin afectación al medioambiente y con base en la normativa que al respecto se prevé en el Derecho mexicano”.

Esta resolución supone un obstáculo mayúsculo para el Gobierno que pretendía, a toda costa, terminar la obra a finales del año 2023, pues el juicio podría tardar en resolverse meses o incluso años.